La reciente declaratoria de fracaso técnico en la licitación de medicamentos por parte de la Secretaría de Salud (Sesal) ha encendido las alarmas en sectores jurídicos y sanitarios del país, consolidando un debate entre los expertos.

La complejidad del actual marco legal ha sido señalada como un obstáculo para garantizar el acceso oportuno a insumos vitales, provocando que se reabra el debate sobre la necesidad de reformar la Ley de Contratación del Estado.

Expertos en derecho administrativo y penal coinciden en que el marco normativo vigente está cargado de protocolos excesivos, heredados de una institucionalidad marcada por la corrupción en el pasado.

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Según sus valoraciones, esta rigidez, aunque bien intencionada en materia de control, ha entorpecido la gestión pública, especialmente en áreas tan delicadas como el sistema de salud.

Compras directas: ¿única salida o riesgo latente?

Ante la ineficacia del mecanismo licitatorio, las compras directas han emergido como una vía factible para resolver la escasez de medicamentos. No obstante, especialistas advierten que este tipo de adquisiciones, si bien más ágiles, abren la puerta a la discrecionalidad, generando dudas sobre la transparencia y el uso correcto de los recursos públicos.

Juristas y analistas del sector público sostienen que una reforma estructural a la Ley es inminente y debe enfocarse en encontrar un equilibrio entre agilidad y control. “No se puede seguir utilizando una normativa diseñada para prevenir corrupción sin considerar el costo humano de la burocracia”, comentan en sus análisis.

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Urgencia sanitaria obliga a actuar aseguran expertos

El llamado de los expertos es contundente: cada retraso en la compra de medicamentos representa un riesgo directo a la vida de miles de pacientes. Por ello, piden que las reformas no sean solo técnicas o cosméticas, sino integrales y con sentido de urgencia. Honduras necesita un modelo de compras públicas moderno, eficiente y transparente.