La empresaria hondureña Dulce María Mejía Casco hizo una denuncia ante las autoridades de Costa Rica que la fiduciaria presidida por el canciller Arnoldo André Tinoco, ha presuntamente retenido injustificadamente $3.8 millones que su empresa, SGM Comercial S.A., entregó en custodia en 2021.

Mejía sospecha que existen serios indicios de que ese dinero habría sido desviado para financiar actividades políticas, particularmente la campaña presidencial que llevó al poder a Rodrigo Chaves en 2022, conforme a CR Hoy.

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De acuerdo con el expediente judicial, los fondos fueron depositados el 13 de septiembre de 2021. Un año después, la empresaria solicitó el reembolso, pero la fiduciaria se negó, alegando razones administrativas. A la fecha, el dinero no ha sido retornado, lo que obligó a Mejía a presentar la denuncia ante el Ministerio Público costarricense, el pasado 24 de abril.

Durante su declaración, la empresaria expresó sus sospechas sobre el uso irregular de los fondos, afirmando que las coincidencias entre lo ocurrido y el informe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) son alarmantes. El informe señala posibles estructuras paralelas utilizadas ilegalmente por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), al que pertenece Chaves.

“Las coincidencias son demasiadas. Aunque no tengo pruebas directas, todo apunta a un uso político indebido del dinero que confiamos a ATA Trust”, afirmó Mejía ante la Fiscalía.

El documento también revela que la empresa hondureña intentó realizar una auditoría, pero ATA Trust lo impidió bajo el argumento de que los fondos estaban mezclados con otros fideicomisos, lo cual contraviene las normas fiduciarias. Solo se les informó del primer débito autorizado; luego, no hubo más reportes ni estados de cuenta.

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La Fiscalía General de la República ha abierto una investigación contra André Tinoco por el presunto delito de administración fraudulenta, y no se descarta que otros funcionarios vinculados a la campaña electoral sean incluidos en el proceso por delitos electorales que podrían conllevar penas de prisión.