A medida que se acercan las elecciones generales, se intensifica el enfrentamiento entre los partidos políticos por las decisiones tomadas en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Una de las más recientes se relaciona con la anulación de una propuesta para verificar manualmente las actas antes de subirlas al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Aunque la moción fue aprobada por mayoría en el pleno del CNE, el dictamen de su unidad legal declaró que la medida es improcedente, lo que ha generado fuertes reacciones.

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¿Qué impacto tiene esta decisión sobre el oficialismo?

El rechazo a la verificación manual reduce las posibilidades del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) de revertir la medida desde dentro del órgano electoral. En ese contexto, desde Libre han anunciado acciones para fortalecer su estructura de defensa del voto.

“Sí, hay que encontrar todos los mecanismos de acción ciudadana, ¿verdad?, política partidaria para prevenir todo tipo de fraude y para desarrollar los mecanismos que nos permitan evitar que se tergiverse o se manipule la voluntad popular”, comentó Gilberto Ríos, dirigente de Libre.

Además, el partido se prepara para capacitar a sus militantes con experiencia, a fin de que puedan responder en las urnas el día de las elecciones.

¿Cómo respondieron las otras fuerzas políticas?

Desde el Partido Nacional, se instó al oficialismo a acatar las reglas del proceso:

“Bueno, van a tener que jugar con las reglas del antifraude que se ha montado para evitar que el plan de Venezuela se cumpla en Honduras. «Con lo que amenacen, con lo que persigan, no van a ganar porque nueve de cada diez hondureños están en contra de este gobierno”, señaló Fernando Duray, representante de esa bancada.

Mientras tanto, el Partido Liberal respaldó la legalidad de la resolución del CNE y criticó los cuestionamientos del oficialismo. El diputado Jorge Cálix declaró:

“Si el CNE dice que las cosas tienen que ser así y hay una votación y se aprueba por mayoría o por unanimidad, tiene que respetarse y punto, porque es el encargado de administrar el proceso electoral, es el juez y las reglas que ellos pongan son las reglas que nosotros tenemos que acatar. Así que a llorar a la DALIA para Marlon”.

¿Qué relación tiene esto con el manejo de fondos públicos?

El contexto electoral también ha reavivado los cuestionamientos sobre el uso de recursos estatales. Actualmente, cada diputado propietario o suplente administra alrededor de 6.5 millones de lempiras anuales mediante el Fondo Social Departamental, a través de distintas instituciones del Estado.

Esta cifra ha sido centro de debate público, especialmente cuando se exige mayor transparencia en el manejo de los fondos en tiempos preelectorales.

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