El asesor presidencial Enrique Flores Lanza rechazó que las recientes acciones legales por el golpe de Estado en Honduras en 2009 constituyan una persecución política, como ha denunciado el expresidente Porfirio Lobo Sosa.

Flores Lanza, quien también fue uno de los funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya afectados, sostuvo que las medidas actuales son parte de un proceso de justicia que responde a delitos que no prescriben, como los crímenes de lesa humanidad.

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“Honduras sufrió un golpe de Estado, se destruyó la democracia, se cometieron crímenes de lesa patria, crímenes de lesa humanidad. Honduras fue expulsado del Concierto de Naciones, fue propuesto que Honduras se reintegrara en el año 2010 y el 70% de los países lo rechazaron de manera absoluta. Entonces tuvo que hacerse este acuerdo para que Honduras volviera al Concierto de las Naciones”, explicó el asesor.

Flores Lanza detalló que dicho acuerdo, firmado en 2011, contempló beneficios diferenciados: para los “golpistas”, la readmisión de Honduras a los foros internacionales como la OEA y la ONU; y para las víctimas, la eliminación de «procesos judiciales fabricados» y el derecho a defenderse en libertad.

El funcionario subrayó que, antes de la firma del acuerdo, los responsables del golpe ya se habían concedido una amnistía a través del Congreso en 2010, lo que —según él— prueba que nunca buscaron ampararse en ese acuerdo.

Las declaraciones surgen luego de que el expresidente Porfirio Lobo afirmara que la reactivación de procesos judiciales contra altos mandos militares, como el general Romeo Vásquez Velásquez, y la mención del expresidente de facto Roberto Micheletti, responden a una campaña de persecución disfrazada de justicia.

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Para el asesor presidencial, no se trata de venganza ni revanchismo tras el golpe de Estado en Honduras, sino de cumplir con las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la ley.

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