El Ministerio Público (MP) con un recurso de casación pretende revocar la sentencia absolutoria otorgada en el mes de febrero al comisionado general de la Policía Nacional, Leonel Luciano Sauceda Guifarro.
Asimismo, indicó que el Tribunal de Sentencia “no valoró ni analizó la totalidad de la prueba que acreditaba cómo éste habría malversado caudales públicos y lavado de activos”.
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La Fiscalía Especial de Impugnaciones y la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UFADPOL) enfatizan que la argumentación que la declaración de los hechos que el Tribunal estima probados no son claros, terminantes y coherentes.
#MP impugna fallo absolutorio a favor de comisionado general de policía, erradamente justificado en reformas en materia de lavado de activos https://t.co/t30kDHUTmF pic.twitter.com/PRvVMKyaG9
— Ministerio Público (@MP_Honduras) April 5, 2022
Por tal razón instan a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a revisar nuevamente el expediente. Al mismo tiempo, que la terna de jueces no observó la manera en que el acusado “recibió 3.3 millones de lempiras de la Secretaría de Seguridad”, estos desviados supuestamente en rubros personales y de su familia.
“En torno al delito de lavado de activos, se ha vuelto a fundamentar una absolución de este tipo en las polémicas reformas aprobadas el año anterior a la Ley Especial Contra el Lavado de Activos por parte del Congreso Nacional”, cita el comunicado.
Según el MP, pese a que la causa concreta cumplió con el requisito de ampliar la acusación a malversación de caudales públicos, como delito y conducta precedente. Denunciando una contradicción del criterio de los juzgadores que durante el desarrollo del juicio oral y público pues reconocieron que no tiene la manera de justificar 19.6 millones de lempiras en el caso.
Caso Sauceda Guifarro
La captura del funcionario policial y aseguramiento de 83 bienes fue efectuada por agentes de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) el pasado febrero de 2020.
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Según el reporte de investigación el comisionado en un periodo de 11 años “no pudo justificar casi 20 millones de lempiras, lo que incluye movimientos en 13 cuentas de bancos a su nombre”, por lo concluyeron que los productos financieros, bienes muebles e inmuebles obtenidos e inversiones realizadas, carecen de fundamento económico legal.
Por tal razón es que la Fiscalía está disconforme con la sentencia e interpuso este recurso de casación para que “prevalezca la justicia y no se genere impunidad”.
Licenciada en Periodismo (UNAH).
Redactora de Once Noticias.
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