El Ministerio Público mediante la Unidad Contra los Delitos Electorales, presentó en las últimas horas cuatro requerimientos fiscales, en contra de cinco personas quienes en su mayoría ocuparon un cargo en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) en las pasadas elecciones generales del 28 de noviembre de 2021.
A través de un comunicado, el Ministerio Público explica que la imputación penal para los cinco acusados es por el delito de “falsificación de documentos electorales” tipificados en el artículo 543 del Código Penal.
«Los requerimientos fiscales se trata de ‘alteraciones realizadas de manera dolosa’ que favorecieron a candidatos a diputados de dos partidos políticos», enfatiza el documento de la Fiscalía.
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Asimismo, el ente acusador del estado añade que «quien falsifica documentos electorales debe ser castigado con la perdida de la ciudadanía por el tiempo que dura el castigo».
En ese sentido, la fiscalía señala que se mantendrá atento a las decisiones judiciales con respecto a estos nuevos requerimientos fiscales a la espera de continuar con el impulso procesal de los casos.
Aquí el comunicado:
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En las últimas horas, otras dos personas fueron capturadas por agentes de la Policía Nacional, acatando un requerimiento fiscal emitido por la fiscalía en relación a las investigaciones ejecutadas por delitos electorales.
Según Cristian Nolasco, subcomisario de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), se trata de dos féminas quienes son acusadas por el Ministerio Público de incurrir en los delitos de usurpación de la personalidad, y usurpación de funciones.
El oficial detalló que aparentemente una de las detenidas es integrante de una de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), e ilegalmente envió a una sobrina a realizar el trabajo de escaneo de actas, siendo descubierta por los otros miembros de la mesa, quienes interpusieron la denuncia.
Ambas imputadas fueron llevadas hasta las oficinas del Ministerio Público para que brinden una declaración de los hechos.
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