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«Me gusta castigar a las mujeres»: Audios que podrían sentenciar a «el Rey del Cachopo»

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Durante el juicio que se está llevando en contra del español de 49 años, César Román Viruete, alias «el Rey del Cachopo», culpado por el asesinato de la hondureña Heidi Paz, el pasado jueves se presentó nuevas pruebas que podrían dar pie a su sentencia de cárcel.

Según la información proporcionada, se reveló algunos audios que el acusado le envió a la Heidi, en donde la amenaza si no responde a sus llamadas telefónicas.

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Asimismo, la madre de la víctima, Gloria Bulnes, aseveró que «él la llamaba mucho a ella, ‘¡ay mami, ya me va a llamar!’, me decía… cada cinco minutos la llamaba».

Dentro de los audios, se escuchan frases de Román que son muy comprometedoras, «coge el puto teléfono, me queda una mierda de batería, no tengo con que pagar lo que he consumido» «Llámame, que vamos a tener un problema y serio».

Parte de las evidencias recopiladas por los fiscales, a pesar que el presunto asesino quiso borrar pruebas y desinstaló la aplicación de mensajes, antes de su captura en el 2018.

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Por otra parte, el la mencionada sesión, también se mostró unas grabaciones que había intercambiado con otras mujeres, en uno de ellos manifestó, «me gusta castigar a la mujer para que sepa quién manda».

En consecuencia, esta nueva prueba que se suma al expediente de «el Rey del Cachopo»,  podría ser determinante para que el juez tome una decisión y declare culpable o no al implicado.


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Apoderados legales del extraditable hondureño, José Rafael Sosa Méndez, sostienen que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), le concedió al imputado un arresto domiciliario para que cumpla el resto de su condena en Honduras bajo esa modalidad, pero aseguran que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) se niega a acatar la decisión de los togados.

El abogado de Sosa Méndez, Omar Dubón, manifestó que su cliente, un extraditable diferido solicitado por Estados Unidos, recibió la decisión otorgada por la Sala de lo Penal de terminar su castigo con arresto domiciliario bajo custodia de policías y militares.

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