Las declaraciones de Jorge Chavarría con respecto al «Cementazo» ante la prensa nacional en setiembre anterior, le han salido mal, pues, entre otras cosas, dijo que los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no tenían la capacidad de realizar investigaciones por delitos económicos.
Esto causó revuelo entre los funcionarios del OIJ e inmediatamente el director del Organismo, Walter Espinoza, salió a desmentir lo dicho por Chavarría, indicando que sus agentes habían realizado correctamente las pesquisas y que fue la propia Fiscalía la que optó por ignorar las pruebas aportadas su equipo.
Entre otras pruebas aportadas desde enero por el OIJ a la Fiscalía para el caso, se encuentran los registros de 1.083 de llamadas entre los legisladores Víctor Morales Zapata (en ese entonces del PAC) y Otto Guevara (libertario) y el empresario Juan Carlos Bolaños. También se incluyeron contactos telefónicos entre Bolaños y el exdiputado del PUSC Walter Céspedes.
En total se dieron 291 charlas telefónicas entre Céspedes y Bolaños, 184 fueron los contactos entre el empresario y Morales Zapata, mientras que con Guevara el número alcanzó las 608 llamadas. Todas ellas entre el 1 de mayo del 2014 y el 14 de agosto del 2015.
Sin embargo, la Fiscalía pidió a la Sala de Casación desestimar el caso por supuesto tráfico de influencias de parte de los diputados en favor del empresario y consideró que las llamadas no evidenciaban vínculos entre Bolaños y los legisladores.
Por ello, el director del OIJ, pidió en el oficio Nº 1172-DG-17 que nuevamente las pruebas recabadas por sus agentes fueran tomadas en cuenta, esto con fecha del 2 de octubre del 2017, remitido al fiscal Chavarría.
«La solicitud Fiscal de Desestimación y la resolución de Casación que en ella se ampara, contradicen las conclusiones del informe 876-OPO/UAC/ART-2015 cuyo contenido describe las conversaciones entre los teléfonos analizados y relacionados con Juan Carlos Bolaños, Víctor Hugo Morales Zapata y Otto GUevara Guth», indica el oficio del OIJ.
Ante esto, el caso ha sido reabierto del partir del 4 de octubre, y aunque en el comunicado de la Fiscalía dice que en marzo no contaban con pruebas suficientes, ahora precisamente se pone atención a las conversaciones continuas que tenía el importador de cemento con los políticos.
Consecuencias de la desestimación:
Otro que se ha visto inmiscuido en el «Cementazo» por la desestimación de febrero por parte de la Sala III es el magistrado Celso Gamboa, quien ahora es investigado por presuntamente haber realizado un viaje de 36 horas con Bolaños a Panamá.
A parte de Gamboa, desestimaron el caso los magistrados Jesús Ramírez y Doris Ramírez, María Elena Gómez (suplente) y el presidente de la Corte, Carlos Ramírez.
De momento, el único funcionario al que le han sido aplicadas correcciones disciplinarias es al fiscal adjunto Ricky González, encargado de hacer el análisis de las pruebas en la Fiscalía y a quien se le culpa del error de no incluir las numerosas llamadas en el informe y de pedir la desestimación ante la Sala III.
Desde que le fue abierto el disciplinario, González no se desempeña más en investigaciones, ya que fue trasladado a la Unidad de Capacitación y Supervisión, donde realizará funciones académicas.
El caso ante el Juzgado de Hacienda:
El presunto tráfico de influencias no era seguido solo por Casación y la Fiscalía General, por aparte la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), encargada de investigar a políticos y altos funcionarios ante posibles delitos.
Aunque el Juzgado de Hacienda desestimó también la causa, la Fapta ha insistido y se reabrió el 19 de setiembre, como respuesta a las nuevas pruebas.
Con esto el caso del «Cementazo» entra en una nueva etapa, en la que puede haber responsables penales por las gestiones realizadas en favor de Juan Carlos Bolaños.
¿Usted qué opina?