El titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, llegó a las instalaciones del Ministerio Público con un camión cargado de cajas llenas de presuntas evidencias que, según él, respaldarían sus acusaciones de exoneraciones fiscales indebidas otorgadas a «cupula empresarial».
Esta inusual presentación ante la justicia hondureña se llevó a cabo en medio de una fuerte expectación, ya que Ochoa ha estado en el centro de una polémica sobre la concentración de riqueza en el país.
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En el exterior del Ministerio Público, Ochoa se encontró con representantes del sector empresarial que lo confrontaron por sus declaraciones y exigieron pruebas de sus acusaciones. El ministro respondió afirmando que «la mafia de 10 familias» ha acumulado su riqueza a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población hondureña.
El conflicto se originó cuando Ochoa señaló al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) como representante de estas familias exoneradas del pago de impuestos, afirmando que ejercen un control significativo sobre Honduras. Además, denunció los intentos de un grupo político llamado Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) por imponer su Fiscal de la impunidad en el país.
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Las declaraciones del director del SAR han generado un profundo debate en Honduras sobre las estructuras de poder y la distribución de la riqueza en el país. El Ministerio Público ahora se enfrenta al desafío de investigar estas acusaciones y evaluar las pruebas presentadas por Ochoa en busca de una mayor claridad sobre el asunto.
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