Condenan a tres aficionados a ocho meses de prisión y dos años sin poder ir los estadios por insultos racistas contra Vinicius Jr. en el estadio de Mestalla, Valencia.

Marca un acontecimiento en la respuesta legal a comportamientos discriminatorios que han plagado los campos de fútbol en España durante años.

Desde que la Fiscalía de Barcelona iniciara una querella en 2020, tras una denuncia de La Liga por los gritos racistas dirigidos a Iñaki Williams del Athletic Club, varios tribunales en Madrid, Valladolid, Mallorca y Sevilla han abierto investigaciones para determinar si estos actos merecen sanciones penales.

El racismo en el fútbol ha generado casi una decena de procesos por delitos de odio o atentados contra la dignidad y la integridad moral. Sin embargo, algunos casos han sido archivados debido a la dificultad de identificar a los autores o porque no alcanzaron el umbral del delito.

La colaboración entre la Fiscalía y La Liga ha sido crucial desde 2020, estableciendo criterios para combatir estos incidentes. Este es un panorama judicial que opera independientemente de las sanciones disciplinarias impuestas por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

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La dificultad de perseguir penalmente estos comportamientos

A pesar de los esfuerzos por perseguir estos comportamientos, varios episodios racistas han sido archivados, como los incidentes contra Vinicius Jr. en el Clásico del Camp Nou en 2020 o contra Nico Williams en el Benito Villamarín en 2022 durante un partido entre Betis y Athletic.

Según explica la fiscal, para que se configure un delito de odio o contra la integridad moral, es necesario demostrar una motivación racista y efectos perjudiciales significativos en la víctima, más allá de un simple insulto.

A pesar de las complicaciones, La Liga reafirma su compromiso en denunciar todos los actos racistas detectados. «Esta lucha es una prioridad absoluta y debemos proteger nuestra competición por todos los medios posibles», subrayaron fuentes de La Liga, respetando el sistema judicial y su enfoque garantista hacia los procesos judiciales justos.