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La “falta de idoneidad y la pérdida de confianza” sacarían de su cargo al Ministro de Seguridad

Julián Pacheco se defiende diciendo que hay personas interesadas en que el proceso fracase, para seguir al servicio de los cárteles.

Aduciendo un estado de emergencia, el Congreso Nacional aprobó el año pasado un proyecto de ley enviado por el poder Ejecutivo que permite a la Comisión Depuradora de la Policía Nacional despedir a cualquier oficial o agente con sólo considerar que están implicados en actos reñidos con la ley o no reúnan los criterios de idoneidad o confianza para continuar en la institución. Aunque esto permite a la Comisión actuar de manera más expedita, resulta subjetiva, porque se basa en la presunción, ya que los depurados no fueron vencidos en juicio. Bajo este contexto, si el mismo criterio fuese aplicado al actual Ministro de Seguridad, Julián Pacheco, quien también forma parte de la Comisión Depuradora, ya tendría que haber sido separado de su cargo, luego de haber sido mencionado por Devis Leonel Rivera Maradiaga, cabecilla del cartel de Los Cachiros, en el juicio contra Fabio Lobo en la corte del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York. En ese sentido, Santiago Solorzano, miembro de la comisión, expresó que se han estado reuniendo y conversando con el Ministro de Seguridad y éste les ha asegurado que no tiene nada que ver en dicho asunto y sostiene que “cuando se hace un señalamiento de esta naturaleza, la persona no es culpable hasta que se le compruebe”.

Lo señala el Cachiro

De acuerdo a Rivera Maradiaga, Fabio Lobo lo habría remitido con el secretario de Seguridad para que le brindara protección en caso que algo sucediera cuando introducían droga al territorio hondureño con destino a los Estados Unidos. El líder de Los Cachiros también le presentó a la corte una fotografía donde se ve a Pacheco Tinoco junto al hijo del presidente Lobo, en una supuesta reunión que tuvieron para hablar del tema. Según el denunciante, ellos tomaron videos e imágenes con cámaras escondidas en sus camisas para utilizar este tipo de información por si los involucrados no cumplían con su palabra o negaban los hechos.

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Silencios y destituciones

Por su parte, el abogado Joaquín Mejía, investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC), señala que la declaración ante la justicia estadounidense del jefe de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, en la que vincula con el narcotráfico a varias personas ligadas a la política nacional, solo confirma un secreto a voces: la estrecha relación entre el crimen organizado y la política. Apunta que el jefe de Los Cachiros menciona a diputados, alcaldes, a un ex ministro de seguridad y al ex presidente Porfirio Lobo Sosa, y de una forma todavía confusa, también al presidente Juan Orlando Hernández. Sin embargo, uno de los nombres que genera una enorme preocupación es el del General Julián Pacheco Tinoco, actual ministro de seguridad. “La preocupación es mayor cuando nos damos cuenta que el General Pacheco ha fungido como director de Información Estratégica de las Fuerzas Armadas de Honduras y jugó un papel clave en las acciones de inteligencia durante el golpe de Estado”, sostiene. Luego fue nombrado director de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), la cual es una estructura que responde directamente al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que, más que un espacio de coordinación de poderes, es un supra gobierno presidido por el presidente Hernández.

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Explica que dentro de la estructura de la DNII se encuentran unidades de seguimiento para búsqueda de información sobre extorsiones, sicariato y narcotráfico, así como unidades relacionadas con la intervención de las comunicaciones y la investigación de casos emblemáticos o de impacto social. Posteriormente fue nombrado por el presidente Hernández Secretario de Seguridad, es decir, el mayor responsable de garantizar la seguridad de la ciudadanía y de luchar contra la delincuencia común y el crimen organizado como el narcotráfico. Mejía apunta que hay dos asuntos que llaman mucho la atención: En primer lugar, el silencio de la Embajada de Estados Unidos en Honduras que por lo general es muy activa ante este tipo de cuestiones y el silencio del presidente Hernández que no se ha atrevido siquiera a defender a su ministro. “En segundo lugar que en un país democrático cualquiera esperaría al menos que el General Pacheco Tinoco renuncie para someterse a la justicia nacional o estadounidense con el fin de desvirtuar las acusaciones en su contra. Y en caso contrario, que el Presidente de la República lo destituya porque no es posible mantener al frente de la Secretaría de Seguridad a un militar que está siendo señalado como protector de narcotraficantes”, subraya.

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Secretario de Seguridad niega las acusaciones

Como “completamente falsos” tildó los señalamientos infundidos en su contra el ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, luego que el exintegrante del cartel de “Los Cachiros” asegurara ante una corte de Estados Unidos que éste protegió a narcos para facilitar el ingreso de drogas a Honduras. Ante las acusaciones, el funcionario dio la cara ante los medios de comunicación y aprovechó para imputar a Devis Leonel Rivera Madariaga, jefe de “Los Cachiros” de intentar vincularlo de manera indirecta, “mal intencionada y a base de calumnias en actos irregulares”. De igual manera, el funcionario aseguró que las acusaciones en su contra perjudican hasta la misma depuración policial, al tiempo que afirmó hay personas interesadas que el proceso fracase. “Pone en riesgo la misma depuración policial porque hay gente interesada que el proceso fracase porque desearían que el tiempo de estar al servicio de los carteles regresen”, dijo. De acuerdo con Pacheco, Rivera Madariaga presenta las anteriores declaraciones de una manera desesperada para tratar de conseguir una reducción de pena ante la justicia del gran país del norte. El ministro resaltó su preparación en las Fuerzas Armadas de Honduras y su compromiso como funcionario de seguridad nacional, donde asevera que trabaja con apego a las leyes impulsando la lucha frontal contra la delincuencia que impera en el país.

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