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Justicia norteamericana detiene y acusa a uno de los hondureños que orquestó el saqueo del IHSS

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El hondureño capturado en Estados Unidos, es el hermano de Mario Zelaya, y es acusado por la justicia norteamericana de lavar dinero del Instituto de Seguridad Social (IHSS).

Este día se ha informado sobre la captura en Estados Unidos de Carlos Alberto Zelaya Rojas (47), hermano del exdirector del Seguro Social, Mario Zelaya, y es acusado por lavado de dinero proveniente de los recursos de la institución de previsión social (IHSS).

La información fue difundida esta tarde por una Corte del Distrito Este de Luisiana, Estados Unidos.

Se informó que un gran jurado federal en el Distrito Este de Luisiana presentó una acusación de 12 cargos contra Carlos Alberto Zelaya Rojas por violaciones al lavado de dinero, que afectan la jurisdicción del tribunal sobre la propiedad sujeta a confiscación, impidiendo un procedimiento oficial y el perjurio.

El anuncio fue hecho público por el Secretario de Justicia Auxiliar Interino, John P. Cronan de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y el Director Adjunto, Thomas D. Homan del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU.

Segun el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), a Carlos Alberto Zelaya Guevara, se le atribuye la sustracción de cientos de millones de lempiras a través de siete empresas de “maletín”.

Zelaya Guevara junto con el exdirector del IHSS Mario Roberto Zelaya Rojas y el exgerente de Finanzas José Ramón Bertetty Osorio son considerados por el CNA y el Ministerio Público los tres cerebros al frente del infame saqueo del Seguro Social.

De acuerdo a la acusación, Carlos Zelaya, ciudadano de Honduras, residía en el área de Nueva Orleans, y conspiró con su hermano, el exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya, y otros, para lavar más de $ 1.3 millones en sobornos.

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-Sigue la acusación- que los sobornos fueron pagados por dos empresarios hondureños en beneficio del Director Ejecutivo. Los fondos se lavaron luego en el área de Nueva Orleans a través de transferencias electrónicas internacionales y se usaron para comprar bienes inmuebles.

Como parte de la conspiración, Carlos Zelaya también usó la posición oficial de alto rango de su hermano para beneficiarse de lucrativos contratos con el gobierno hondureño y luego blanqueó los fondos malversados ​​en el área de Nueva Orleans.

Zelaya fue arrestado y tuvo su comparecencia inicial ante el juez de primera instancia Daniel E. Knowles III, quien le ordenó permanecer bajo custodia hasta su audiencia de detención el 3 de mayo.

Imagen del comunicado.

Justicia norteamericana IHSS

Segun la acusacion Carlos Zelaya es culpable de gastar los ingresos de alquiler de propiedades adquiridas con el producto de la corrupción extranjera, mientras que él estaba bajo una orden judicial para preservar los fondos en espera de la resolución de una acción de confiscación federal. Además, se le acusa de impedir un procedimiento oficial cuando le mintió al gobierno de los EEUU sobre la fuente de los fondos utilizados para comprar las propiedades del área de Nueva Orleans, y además, que cometió perjurio a un juez federal en el Distrito Este de Luisiana sobre sus ingresos.

La investigación fue realizada por ICE Homeland Security Investigations (HSI) de Nueva Orleans y Miami. El caso está siendo procesado por los Abogados Litigantes Stephen A. Gibbons, Marybeth Grunstra y Michael B. Redmann de la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Bienes de la División Criminal con la asistencia de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Luisiana.

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Este caso fue incluido en la Iniciativa de Recuperación de Activos Kleptocracy por un equipo de fiscales en la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Criminal, trabajando en asociación con agencias federales de aplicación de la ley, dedicadas a enjuiciar a quienes facilitan la corrupción oficial extranjera que afecta al sistema financiero de EEUU, renunciando a los activos comprados con el producto de esa corrupción, y, cuando corresponda, repatriando los beneficios de corrupción confiscados en beneficio de las personas del país perjudicadas por el abuso de los cargos públicos.

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