El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR) realizó un estudio sobre la posible aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Costa Rica y su impacto en la población medido por nivel de ingreso.
El estudio establece los grados de progresividad (cuando quien más ingresos recibe debe pagar mayores impuestos porcentualmente) o regresividad (cuando un impuesto capta un porcentaje menor del ingreso en la medida en que ese ingreso aumenta) del IVA en comparación con el impuesto de ventas vigente.
Los investigadores concluyen que al pasar del impuesto de ventas actual al IVA se reduce la regresividad, siempre y cuando se mantenga exenta del impuesto la canasta básica de consumo.
El paso del actual impuesto de ventas al IVA (con canasta básica exenta) agrega 0,62 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) a la recaudación; en contraposición, si a partir de este punto (IVA con canasta exenta), se resuelve gravar con 2% a la canasta básica habrá una ganancia de solamente 0,14% del PIB en recaudación. Se aclara sin embargo que el IVA es un impuesto que no es progresivo en su construcción.
El IVA propuesto inicialmente (expediente 20.580, en noviembre del 2017) mantenía a la canasta básica exenta del pago de dicho tributo, pero posteriormente la versión de texto sustitutivo de abril del 2018, incorpora un gravamen del 2% sobre la canasta básica. Los cálculos realizados en el presente estudio incluyen las dos versiones de IVA.
Con el actual impuesto de ventas el 20% más pobre de la población aporta un 7,44% de la recaudación procedente de los hogares nacionales, mientras que el 20% de mayores ingresos aporta más del 40% del total. Con el establecimiento del IVA, pero sin gravar a la canasta básica, el 20% de menor ingreso aportaría un 7,3% del monto recaudado de los hogares, mientras que el 20% más rico aportaría un 43,76% del total.
Con esta información puede plantearse que un IVA sin gravar la canasta básica, mejora en la progresividad del impuesto, en el sentido de que los deciles de mayores ingresos estarían realizando un mayor aporte a la recaudación.
Al utilizar el texto sustitutivo del 9 de abril de 2018 (gravando con un 2% de IVA a la canasta básica), se revierte la mejora en progresividad. En efecto, el 20% más pobre aportaría un 7,57% de la recaudación de los hogares, mientras que el 20% de mayores ingresos aporta un 43,14%.
En otras palabras, al pasar de un IVA que mantiene exenta la canasta básica a un IVA con gravamen del 2% sobre esa canasta, se incrementa la porción de la recaudación que procede de los sectores de menores ingresos y se reduce la porción que procede de los sectores de mayores ingresos.
Se ha establecido en este documento que existe una clara necesidad de realizar un proceso de reforma que permita atender el problema del déficit fiscal. Este problema ha venido acumulándose desde hace cerca de 10 años, y está dificultando la labor del gobierno, y endureciendo las condiciones en que se pueden obtener recursos en el exterior.
Después del 2008 el país inicia un proceso de deterioro fiscal hasta llegar a mostrar un déficit de un 6,2% del PIB en el 2017, la deuda total del Estado pasó en ese periodo de 24% a 49% del PIB, es decir, casi un 50% de todos los gastos en los que el país incurre deben ser pagados con deuda.
Los datos presentan claramente un deterioro, que ya ha sido incorporado en las estimaciones y cálculos de las agencias calificadoras de riesgo y se ha traducido en un aumento del costo de los recursos externos para el país. Las condiciones en que se pueden obtener esos recursos externos son cada vez más duras y onerosas.
La situación ejerce presión sobre el mercado financiero interno que puede elevar las tasas de interés y estrujar las condiciones que enfrenta el productor nacional y la población en general.
El estudio insiste en que la propuesta Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, es un paso en la dirección correcta.
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