El gobierno de Donald Trump presentó este jueves una solicitud a la Corte Suprema para que limite el alcance de las órdenes judiciales que han bloqueado su plan para restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos.

La administración sostiene que los jueces de primera instancia no deben emitir fallos que afecten a todo el país. En cambio, busca que las decisiones judiciales se apliquen únicamente a los demandantes directos o, en el mejor de los casos, a los estados que han impugnado la medida.

Lea También: Nasralla genera polémica al llamar «indito» a Manuel Zelaya; Luis Redondo defiende el valor más allá de los títulos académicos

La procuradora general interina, Sarah Harris, presentó tres solicitudes de emergencia en varios casos y describió la petición como una medida “modesta”, según NBC News.

En lugar de solicitar un fallo sobre la constitucionalidad de la orden de Trump, la administración busca reducir el impacto de las resoluciones judiciales que han bloqueado la implementación de su plan en todo el territorio nacional.

Los tribunales federales en Maryland, Massachusetts y Washington ya habían determinado que la propuesta de Trump probablemente es inconstitucional, y por ello bloquearon su ejecución.

Sin embargo, la administración argumenta que esas decisiones exceden la autoridad de los jueces y afectan la capacidad del poder ejecutivo para desarrollar su política migratoria.

Los abogados del presidente defienden que la ciudadanía automática debería aplicarse solo a los nacidos de al menos un padre ciudadano o residente permanente.

A pesar de ello, la mayoría de los expertos legales considera que la iniciativa no prosperará, ya que la Enmienda 14 de la Constitución establece de forma clara que cualquier persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana del país, según NBC.

Para que la Corte Suprema conceda la solicitud de Trump, los nueve magistrados deberán obtener al menos cinco votos a favor. Si la solicitud es aprobada, la administración podrá continuar con la implementación de la medida, aunque su viabilidad legal aún se encuentra en duda.