Honduras atraviesa un momento crítico ante la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficiaba a más de 53 mil compatriotas en Estados Unidos, la decisión judicial en California deja sin protección a miles de hondureños, quienes ahora enfrentan un escenario de deportación inmediata.

Expertos advierten que el país no cuenta con los recursos suficientes para atender una eventual oleada masiva de retornados.

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Incremento de deportaciones y opinión de experto

En lo que va del año, Honduras ha recibido cerca de tres mil personas deportadas en vuelos procedentes de Estados Unidos. La cifra se suma a los más de 38 mil hondureños repatriados en 2025, de los cuales el 78.1 por ciento provenía de ese país.

Las autoridades reconocen que la capacidad de respuesta es limitada, en un contexto marcado por pobreza, inseguridad y falta de oportunidades económicas, factores que impulsan la migración irregular.

“El país tiene que prepararse siempre para responder ante estas oleadas de deportaciones”, comentó el coordinador de Riesgos Migratorios (CASM) César Ramos.

“La reintegración, requiere políticas en educación, salud, vivienda social y seguridad ciudadana, sin estas condiciones, el retorno masivo podría agravar la vulnerabilidad de las familias deportadas” añadió Ramos.

El presidente de Honduras Nasry Asfura ha solicitado un nuevo TPS para mejorar el panorama migratorio. Sin embargo, la mayoría de hondureños en Estados Unidos permanece en condición irregular, lo que mantiene abiertas las posibilidades de deportación.

Ante este escenario, se demandan estrategias rápidas y sostenibles que permitan evitar un impacto mayor en la sociedad hondureña.

Detalles sobre el fallo

Una corte en San Francisco, California, que concedió al gobierno estadounidense la apelación para cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Honduras.

La medida genera preocupación por un posible aumento en las deportaciones en los próximos meses.

La secretaria de Seguridad, Kristi Noem, informó que la decisión judicial revierte la orden de una jueza que, el pasado 30 de diciembre, había suspendido la cancelación del TPS.

Esto significa que los hondureños bajo este estatus pierden temporalmente su protección y podrían ser detenidos o deportados, afectando su vida laboral y personal en Estados Unidos.

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