En su informe anual sobre derechos humanos el Departamento de Estado de los Estados Unidos destacó la polémica compra de los hospitales móviles en Honduras para hacerle frente a la pandemia de la Covid-19.
A través de ese informe Estados Unidos muestra su preocupación sobre los altos índices de corrupción en el país y las presuntas irregularidades en la compra de los hospitales móviles.
El documento señala que la adquisición de los sanatorios se hizo a un costo de 47 millones de dólares, alrededor de 1,130 millones de lempiras, supuestamente con una sobrevaloración de al menos 12 millones de dólares.
Asimismo, hace referencia al enredado proceso legal al que se ha sometido el ex director de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), Maro Bográn, responsable de la compra, y las dificultades que han tenido las autoridades para poner en funcionamiento los hospitales.
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Y es que la realidad en Honduras no es diferente a como la muestra el Departamento de Estado, la irregular transacción se ve reflejada en el desastre que ha significado la importación e instalación de los recintos.
Lo que parecía ser una solución para los hondureños se convirtió en un martirio, pues el alto costo de los sanatorios se convirtió en una carga económica para la población.
Sumado a esto, de los 7 hospitales móviles adquiridos solo 2 están en funcionamiento, el de San Pedro Sula y Tegucigalpa, sin embargo, el de la capital no atiende a pacientes con Covid-19.
A más de un año de la polémica compra las autoridades de salud están a las puertas de enfrentarse a una catástrofe sanitaria debido a la inminente ola de contagios que se avecina, mientras que los restantes 5 sanatorios siguen durmiendo el sueño de los justos.
¿Usted qué opina?