La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), nuevamente “pega el grito al cielo” por el impacto negativo del paquete de impuestos que promueve el Proyecto de Ley 20.580 que actualmente se tramita en la Comisión Especial de Reforma Fiscal de la Asamblea Legislativa, por las consecuencias para las familias y para la economía costarricense.
De acuerdo con Mario Montero, vicepresidente Ejecutivo de CACIA, el proceso de aprobación es atropellado e inconsulto y genera serias dudas sobre los impactos finales que el mismo tendrá.
Advirtió que en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y canasta básica, la forma en que se tramita el texto de ley, traerá impactos que están siendo desconocidos por los Diputados. Por ejemplo, la moción recientemente acordada que deja exentos los bienes de canasta básica, no incluyó todas las correcciones que el texto requiere integralmente en su articulado, para que los precios de los productos no tengan ninguna afectación.
Mediante una nota enviada este 22 de agosto, los empresarios de alimentos señalaron a los diputados que no se consideraron elementos como la posibilidad de aplicar créditos fiscales ni compras autorizadas en el abastecimiento de materias primas, insumos, maquinaria, equipo, servicios, empaques o embalajes, entre muchas otras compras de bienes y servicios, requeridos para la producción de bienes de canasta básica, lo cual hace que la exención presente en el artículo 8, aprobado recientemente, tenga problemas de seguridad jurídica para poderse implementar.
Esta situación producirá varios efectos como: el traslado del costo a los precios del consumidor final y la pérdida de competitividad del producto nacional frente al importado, pues este último no arrastra esta distorsión generada por el esquema tributario interno.
CACIA señala que en materia de renta aún persisten propuestas que golpearán al consumidor y la competitividad empresarial, tal es el caso del incremento en los tramos de renta a los ingresos de las personas, por un lado, y por otro, un concepto de renta global, que terminará desincentivando el ahorro nacional y la inversión en el país, promoviendo la salida de capitales y su no retorno a suelo nacional.
Por tales motivos, dado el procedimiento que actualmente se sigue en la aprobación de esta ley, CACIA solicitó a los diputados que se apliquen los mecanismos permitidos por los procedimientos legislativos, para que el proceso de revisión del Proyecto de Ley 20.580 se frene, y se propicien los espacios de tiempo, diálogo, discusión y negociación que todas las partes interesadas necesitan, para realizar las correcciones necesarias y hacer el menor daño posible.
¿Usted qué opina?