Algunos sectores consideran que con la forma en que se confiscan los bienes se ahuyenta la inversión y se provocan daños irreversibles
Las múltiples incautaciones hechas por el Ministerio Público a personas ligadas al crimen organizado comienzan a generar polémica en el país.
Mientras algunos sectores están a favor de las mismas, otros critican este procedimiento y piden a las autoridades respetar la propiedad privada, alegando que con estas confiscaciones aseguramientos se han cometido errores en el procedimiento de los mismos, lo que ahuyenta la inversión en el país.
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Bajo este contexto, un especialista en materia penal, ha señalado que este proceder raya entre el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes del funcionario, entre otras faltas.
Agrega que además de los daños materiales que causan, las autoridades provocan también daños personales a los afectados. En ese sentido, indica que hay personas que han sido desalojadas y a raíz de ello han sufrido un infarto, lo cual es un daño irreversible.
“Llevo casos de extranjeros que han adquirido inmuebles y han sido desalojados de los mismos, sin haber sido objeto de un proceso investigativo en el que se les permita el derecho de defensa y poder acreditar efectivamente que estas personas están cometiendo actos en contra de la ley.
Aquí en Once Noticias la polémica en vivo…
Dejan en la calle a empresario cubano
“¡Que coman m… esos hijos de… porque nunca he conocido a nadie!”. Esa fue la airada respuesta del empresario hondureño de ascendencia cubana Caridad Mena, luego que el Ministerio Público le confiscara un balneario en la localidad de la Villa de San Antonio, en el central departamento de Comayagua.
En declaraciones a un canal capitalino, Mena cuestionó la incautación del balneario “Las Gaviotas” ya que supuestamente habría sido utilizado para el tráfico de drogas y lavado de activos del desarticulado cártel de los Valle-Valle, presos en una cárcel de EE.UU.
A pesar que fue condenado en mayo de 2016 por nexos con el narcotráfico, el empresario aseguró que “esto es un engaño y una mentira, todo lo que están haciendo siempre, igual a cuando me metieron preso por gusto” y rechazó conocer a los hermanos Luis, Arnulfo e Inocente Valle Valle.
Aseguró que la apropiación del local hecho por el organismo acusador “da hasta pena y vergüenza lo que están haciendo, porque el dinero mío fue traído bien de los Estados Unidos, para que no hagan este problema”.
Mena dijo que el predio está valorado en unos 40 millones de lempiras y que demostrará que la compra del bien inmueble fue legal ya que cuenta con la documentación que da fe de su versión.
Insistió el afectado que “tengo todos los comprobantes que se los voy hacer ver y que hagan ver a quien yo le presté la laguna, para que guardasen dinero de cocaína, porque eso también es una mentira y no hallan qué hacer con la mentira y el engaño que se traen el Ministerio Público y los juzgados que me quieren hacer juicio”, sentenció.
¿Qué pasa en caso de que el juez competente declare inocente al acusado, y la Oabi ya remató sus bienes?
En ese sentido, abogados consultados por Once Noticias señalan que al vender bienes que aún no han sido traspasados al Estado se está cometiendo una violación al debido proceso y al derecho a la propiedad privada, lo que concretamente es un abuso de autoridad.
Un caso emblemático
Un claro ejemplo de un acusado al que se le causó un gran daño económico y moral y luego fue declarado inocente es el del empresario sampedrano José Miguel Handal Larach, quien luego de quedar oficialmente afuera de la lista del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, un juez competente ordenó que le fueran devuelto sus bienes incautados, o al menos lo que quedaba de ellos.
Don “Chepe” Handal, luego de ser sacado de la lista Kingpin (de Designación de Narcotraficantes Extranjeros), por parte de los Estados Unidos, expresó: “No tienen idea de lo contento que me siento y agradecido con nuestro Señor, porque al fin se hizo justicia”.
Recordó que en los tres años que duró el proceso la vida fue un calvario para él y su familia, pues perdieron lo que les costó toda una vida construir, y hasta sus amistades.
A pesar de ello manifestó que “voy a sacar garra y corazón para recuperar mi nombre y mis bienes que están deteriorados y saqueados, ya que hasta el ganado creo que se ha perdido”.
Cabe destacar que en su momento las autoridades hondureñas aseguraron unas 14 propiedades de la familia Handal, incluida, la referente Hacienda de “La Herradura” de la aldea Ticamaya y el edificio de Auto Partes Handal del barrio Las Acacias.
“Lo que me pasó no se lo deseo a nadie, por lo que las autoridades tienen que ver, analizar y cambiar la Ley de la OABI (Oficina Administradora de Bienes Incautados), porque no tenían por qué hacerme eso y tampoco en el caso de la familia Rosenthal, porque es catastrófico para Honduras; no es que esté defendiendo a esa parentela, pero no deben actuar de la forma que están haciéndolo”.
Solicitó que “primero demuestren la culpabilidad de una persona para después hacer las incautaciones, porque el perjuicio que causan es terrible, ya que no es solo uno el perjudicado sino también los empleados que quedan sin trabajo”.
Respetar la presunción de inocencia
De acuerdo a la opinión de algunos abogados consultados en relación a este tema, señalan que, si los bienes aún son propiedad de las personas que están siendo investigadas por suponerlos responsables de haber adquirido los mismos de forma ilícita, la presunción de inocencia sigue manteniéndose.
“Operación Estigia”: Aseguran bienes valorados en 85 millones
El Ministerio Público (MP), ejecutó este lunes la “Operación Estigia” para asegurar bienes, muebles e inmuebles y sociedades mercantiles en distintas regiones del país a tres organizaciones criminales vinculadas al delito de lavado de activos, producto del tráfico de drogas y que habían llegado a acumular una fortuna aproximada a los 85 millones de lempiras.
En la residencial Venecia de Tegucigalpa, se confiscaron propiedades valoradas en más de 24 millones de lempiras. Estas serían de un hombre identificado como Rosbin Leonardo Duarte Elvir.
Esta persona es originaria de Puerto Lempira, Gracias a Dios, en la zona de La Mosquitia. Según el comunicado, Duarte Elvir es sospechoso de cometer el ilícito de tráfico de drogas.
En Comayagua, también aseguraron propiedades, incluyendo un balneario conocido como “La Gaviota”. Al parecer, estos bienes son propiedad de Caridad Mena, de origen cubano, quien posteriormente se nacionalizó y que fue sentenciado por los delitos de facilitación de local para el tráfico y tenencia de drogas en mayo de 2016.
Debido a estas actividades ilícitas, Mena logró adquirir varios bienes, muebles e inmuebles cuyo valor supera los 26 millones de lempiras, por lo que de inmediato la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco), instó a la acción de privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito.
En San Pedro Sula, Cortés, incautaron dos mansiones en la residencial Villas San Antonio, ubicada en una zona exclusiva de la “capital industrial”. Las casas son del narcotraficante hondureño Víctor Hugo Díaz Morales, conocido como “El Rojo”, a quien además se le vinculó con un atentado a miembros de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), ocurrido en septiembre de 2016, en San Pedro Sula.
HACIENDA Y MANSIONES
Asimismo, en Santa Bárbara, confiscaron una hacienda en la comunidad La Ceibita, con decenas de cabezas de ganado, conocida como “Hacienda El Cruce”, que estaría relacionada a los Valle Valle, extraditados a Estados Unidos. De igual manera, fueron aseguradas dos lujosas mansiones en una zona exclusiva de San Pedro Sula. Estos inmuebles serían del “El Rojo”, un socio relevante de los Valle Valle.
Víctor Díaz fue capturado el 4 de marzo pasado en la zona 10 de Guatemala. “El Rojo” fue solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos desde el 31 de octubre de 2015.
En Santa Bárbara confiscaron la “Hacienda El Cruce”, en la comunidad de La Ceibita, con decenas de cabezas de ganado.
Todas estas acciones fueron coordinadas a través de la Fescco y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Santa Bárbara, Cortés, Atlántida y Yoro.
De acuerdo con investigaciones realizadas por agentes asignados al Departamento Contra el Crimen Organizado de la ATIC, los 27 bienes asegurados están vinculados a células del cartel de los Valle.
Soy hija de don Chepe Handal. El daño fue irreversible. La depresión le ha robado AÑOS de vida a mi papá, y esto no ha terminado aún. Estamos esperando el segundo juicio para el 17 de junio. Dicen que el juicio tiene que continuar porque «ya fue programado». Honduras actuó en contra de mi padre basados en la publicación de OFAC, sin tener absolutamente ningún otro causal. Solo la publicación. Era lógico que al ser removido de la lista Kinpin, todo lo demás tenía que cancelarse. Pero la fiscalía hondureña insiste en tratar de inculparlo y quitarle sus bienes porque no quieren aceptar su error. El juez de privación de dominio ordenó la devolución y hemos esperado 8 meses y aún no devuelven. No entiendo por qué simplemente no aceptan que fue un grave error y le piden perdón por todo el daño e injusticias cometidas en su contra, y contra toda su familia y sus empleados. Saquearon el edificio de Auto Partes Handal y ahora hasta nos quieren cobrar por los dos años de administración. Es increíble. Decepcionante este sistema de justicia.