El presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó esta tarde la ley 9597, la cual modifica el artículo 49 de la Ley General de Telecomunicaciones con el fin de permitir el bloqueo de las señales de telefonía celular en los centros penitenciarios del país.
La iniciativa procura un importante avance en materia de seguridad al combatir de manera efectiva las estafas que se cometen desde centros penitenciarios.
Según datos del OIJ, del 2014 al 2016 se presentaron desde los centros penitenciarios 613 delitos de timo y 354 de estafa. Esto a pesar de que en los últimos años, la Policía Penitenciaria aumentó los procedimientos y requisas para decomisar teléfonos celulares en las cárceles: se pasó de 3.268 aparatos decomisados en 2015 a 3.589 en 2017.
“Enfrentamos nuevos desafíos ante los cambios en las condiciones que generan las actividades ilegales, pero estamos respondiendo con nuevas herramientas, con acciones decididas y la participación de todos los sectores de la sociedad. Esta ley que hoy firmamos es un ejemplo de esta voluntad”, expresó el Presidente Alvarado.
A partir de hoy, los operadores de telecomunicaciones tendrán nueve meses para adaptar soluciones tecnológicas desde la entrada en vigencia de la normativa. Una comisión integrada por representantes de los Ministerios de Justicia y Paz, Seguridad, y Ciencia y Tecnología, lideran el proceso para la redacción del reglamento.
El proyecto, que se tramitó bajo el expediente 19.932, estableció la obligación de los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones de adoptar y aplicar soluciones tecnológicas para impedir la prestación de servicios de telecomunicaciones inalámbricos al interior de los centros penitenciarios.
“Esto es un avance en la lucha contra la delincuencia desde el interior de los centros penitenciarios, una herramienta más que nos ayudará en la lucha por una mejor seguridad para la ciudadanía”, afirmó ministra a.i. de Justicia y Paz, Isabel Porras.
La ley recibió primer debate de los diputados el 24 de mayo de este año, y obtuvo el aval definitivo el 29 de julio. Con esto culminó un avance que le llevó dos años.
El acto contó con la presencia de Isabel Porras, como Ministra a.i. de Justicia y Paz y de los diputados que integran la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
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