La fiscalía solicitó una pena de 9 años de cárcel más una multa de 300 mil lempiras en contra del exvicepresidente del Consejo de la Judicatura
Este lunes concluyó la individualización de la pena contra el exvicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, donde se pidió por parte de la fiscalía una condena de nueve años de prisión más una multa de 300 mil lempiras.
[jwplayer Wav1JzC2]El portavoz del Ministerio Público, Carlos Morazán, declaró a Canal 11 que “Teodoro Bonilla actuó con premeditación conocida, astucia y fraude, abusó de su superioridad, obró con abuso de confianza y se valió del cargo público para ejercer presiones, solicitar favores y conseguir resoluciones al margen de la ley, todo ellos perversamente para favorecer el crimen organizado”.
Morazán añadió que el tribunal de sentencia notificará a las partes sobre su posición y su postura final en cuanto a este caso.
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“(…) lo importante es decir que como Ministerio Público, en un trabajo de esta fiscalía de enjuiciamiento con el apoyo investigativo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y el acompañamiento de la MACCIH, se ha obtenido un fallo ejemplar en cuanto al tráfico de influencia (…)”.
Este es un delito el cual hasta ahora se llega a estas instancias, el compromiso es seguir investigando este tipo de casos, expresó el vocero.
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Agregó que “otras acciones relacionadas al caso Shalom continuarán posteriormente cuando se señale la fecha de juicio contra la jueza Liz María Ernestina Núñez, coimputada en este caso y también como fiscalía se espera que ya se resuelva un recurso de apelación que ha venido dilatando en este caso el proceso o la solicitud de ante juicio promovida en contra de la magistrada Delmy López quien también es coimputada en este caso”.
El funcionario manifestó que Delmy López labora actualmente en San Pedro Sula como magistrada de la Corte de Apelaciones pero en el momento en que ocurrieron los hechos, por los cuales ya está condenado el señor Teodoro Bonilla, ésta fungía como juez con jurisdicción nacional y tuvo una participación plena en cuanto a que se otorgaran estas resoluciones al margen de la ley antes mencionada.
DATO:
El caso salió a la luz pública después de que Bonilla presuntamente diera una orden de liberar a tres personas acusadas por los delitos de lavado de activos, almacenamiento de armas comerciales, armas prohibidas y municiones comerciales.
Se trató de Carlos José Fúnez Cáceres, Carlos Roberto Bonilla y Denis Donadín Bonilla, éstos últimos, familiares de Teodoro, detenidos por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), a principios de 2014.
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