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El Estado, el más perjudicado en el supuesto abuso de la OABI

Estado OABI

Al vender bienes incautados a un precio inferior al real los recursos no ingresan al erario público

Las denuncias emitidas por el exjefe de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción de la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, contra la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), siguen creando eco referente a las supuestas irregularidades de los bienes incautados.

Declaraciones del abogado penalista Julio Ramírez

 

La condición en la que están los bienes incautados mientras no ha sido extinguida el dominio por parte del Estado, entran en juego muchas cosas, dijo el abogado penalista Julio Ramírez al ser entrevistado por Canal 11.

Entre estas estarían que sí existe una disposición de ley que permite que el Estado puede hacer uso de estos bienes con fines de apoyo al sector justicia y mientras están en función de administraciones por parte de la OABI, se pueden dirigir para que no estén ociosos a ese fin.

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El proceso de venta, cuando la extensión de dominio ya ha sido decretada judicialmente y se probó en juicio que los bienes eran de origen ilícito y que por lo tanto lo que procede y es conforme a derecho, es venderlos en una pública subasta.

“Cuando la incautación es de bienes perecederos, obliga al órgano administrador que es la OABI que debe de buscar las medidas de preservación, pero si se van a perder debe de hacer una venta a efecto de evitar una pérdida”.

¿Qué pasa si la OABI vende un bien a menor precio?

“Entra en cómo se realiza el procedimiento de venta, hacen un evalúo y no se van a ir por debajo de lo que vale el bien, si nadie alcanza ese precio se declara desierta la venta, lo que sería irregular es efectuar una venta directa a un precio menor del valor del vehículo en las condiciones en las que fue incautado”.

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“Significa que si son carros blindados se les hace un evalúo, un peritaje, y se fija un precio en el mercado al momento en el que el bien va a ser subastado, si se vende a menos del precio y se hace sin transparencia y se crea una lesión al Estado pues estos bienes deberían ingresar a las arcas del Estado”, señaló el togado.

Las personas que se consideren perjudicadas por los bienes que les han sido quitados mientras tengan la capacidad que el bien lo obtuvieron lícitamente, manifestó Ramírez.

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“Ya hay un precedente de una familia del norte a quien le devolvieron bienes y los bienes se deterioraron, eso significa que a esas personas les nace el derecho al comprar los bienes que no eran de origen ilícito, de que los daños que recibieron deben de pedir que se les resarzan”, declaró Ramírez.

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