El Departamento de Justicia de Estados Unidos, publicó una versión editada de los documentos que justifican la orden de registro de la residencia del expresidente, ubicada en Palm Beach, Florida.
El allanamiento se llevó a cabo en la propiedad Mar-a-Lago, este procedimiento dio como resultado una incautación de múltiples cajas conteniendo documentos altamente clasificados que no habían sido devueltos por el expresidente pese a las solicitudes de las autoridades.
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En el allanamiento fueron registradas 58 habitaciones y 33 baños, espacios los cuales no habían sido autorizados como almacén de documentos clasificados.
En una carta enviada por el Departamento de Justicia, hacia los abogados de Trump, expresaba que estos documentos valiosos «no habían sido gestionados adecuadamente ni almacenados en un lugar adecuado».
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El juez decidió revelar estos documentos al Departamento de Justicia debido a que eran necesarios para una investigación llevada a cabo relacionada con la seguridad nacional.
El documento consta de 38 páginas de las cuales muchos datos están editados o “tachados” y no se conoce el contenido en su totalidad.
En la declaración se citó un artículo publicado en el mes de mayo en el cual se informaba por parte de Kash Patel, exasistente de seguridad nacional de Trump, mencionando que los documentos de la residencia de Mar-a-Lago habían sido “engañosos” porque fueron desclasificados por el expresidente.
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Estos fueron los cuatro objetivos principales de la investigación:
“Determinar cómo los documentos con marcas de clasificación y registros fueron retirados de la Casa Blanca (o cualquier otro lugar autorizado para el almacenamiento de materiales clasificados) y llegaron a ser guardados en [Mar-a-Lago]”. “Determinar si los lugares de almacenamiento en [Mar-a-Lago] eran lugares autorizados para guardar información clasificada”. “Determinar si se pueden haber almacenado documentos o registros clasificados adicionales en un lugar no autorizado en [Mar-a-Lago] o en otro lugar desconocido, y si permanecen en dicho lugar”. “Identificar a cualquier persona que haya retirado o retenido información clasificada sin autorización y/o en un espacio no autorizado”, detallados en la declaración jurada de las autoridades.
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El expresidente el pasado lunes realizó una demanda solicitando la revisión de los documentos incautados en busca de archivos protegidos por privilegio personal, con el posible objetivo de impedir el acceso de los investigadores.
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