En las últimas horas, otras dos personas fueron capturadas por agentes de la Policía Nacional, acatando un requerimiento fiscal emitido por la fiscalía en relación a las investigaciones ejecutadas por delitos electorales.
Según Cristian Nolasco, subcomisario de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), se trata de dos féminas quienes son acusadas por el Ministerio Público de incurrir en los delitos de usurpación de la personalidad, y usurpación de funciones.
El oficial detalló que aparentemente una de las detenidas es integrante de una de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), e ilegalmente envió a una sobrina a realizar el trabajo de escaneo de actas, siendo descubierta por los otros miembros de la mesa, quienes interpusieron la denuncia.
Ambas imputadas fueron llevadas hasta las oficinas del Ministerio Público para que brinden una declaración de los hechos.
Un agente de la Policía Nacional fue arrollado por un conductor en estado de ebriedad en una gasolinera ubicada en Taulabé, Comayagua.https://t.co/FFBtqJV8Ke
— Once Noticias (@11_Noticias) December 27, 2021
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Dictan prisión preventiva para imputado por delitos electorales
En audiencia inicial, un juez en materia de lo penal decretó auto de formal procesamiento y la medida de prisión preventiva, contra Norman Rivas Sierra por suponerlo responsable de delitos electorales.
La portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Bárbara Castillo, reveló que Rivas Sierra es acusado de cómplice necesario para la falsificación de documentos electorales en perjuicio de la Constitución de la República.
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Según la relación de los hechos, en fecha 11 de noviembre del presente año se inició la verificación o escrutinio especial de votos y el encausado, en su
condición de Escrutador Propietario de una de las Juntas Especiales de Verificación de Votos, «intentó favorecer» a un candidato a diputado, expresando marcas que nunca existieron en las papeletas validas en ese nivel lectivo.
En consecuencia, el Ministerio Público procedió de inmediato a realizar las diligencias respectivas basándose en los preceptos jurídicos aplicables al delito de Falsificación de Documentos Electorales, mismos que están tipificados en el Código Penal en su artículo 543, donde establece una sanción de 4 a 8 años de prisión para quienes incurran en este ilícito.
El imputado fue remitido a la prisión de El Porvenir en Francisco Morazán.
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