La Comisión de Visas Restringidas y Refugio, integrada por los ministros de Trabajo, Seguridad y Relaciones Exteriores, concedió el estatus de refugiado político al estudiante hondureño Eduardo Urbina, quien ingresó a Costa Rica en diciembre del año anterior y es acusado por su país de incendiar un vehículo militar.
Urbina fue registrado por la aduana costarricense el 11 de diciembre, sin embargo, en la denuncia presentada por el gobierno hondureño, el joven de 22 años «quemó un vehículo del ejercito el 15 de diciembre» (cuatro días después), en el marco de las protestas tras alecciones de ese país, según denunció la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (Acodehu), entidad que ha defendido a Urbina.
El gobierno de Honduras pidió por ello la extradición de Urbina, por lo que fue recluido en el Centro de Aprehensión Temporal para Extranjeros en Condición Irregular (Cateci) en Hatillo (sur de San José). De igual forma, al conocerse la noticia en Costa Rica, el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, indicó que “solicitaría el rechazo inmediato de este extranjero”.
Eduardo Urbina informó a través de Acodehu que la atención de este Centro y de la Fuerza Pública, desde su llegada a Costa Rica, fue cálida, incluyendo una adecuada alimentación y la cobertura de sus necesidades básicas.
De manera que él se mantuvo relativamente tranquilo y con buena salud durante su detención, mientras esperaba la resolución final del proceso de solicitud de refugio que presentó a Costa Rica, a su entrada en la frontera de Peñas Blancas.
Este jueves 19 de abril, sus defensores lograron probar que el joven ingresó a Costa Rica el 11 de diciembre de 2017, con documentos legales y con una visa de turista de 90 días, por recomendación del Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
Según denuncian en Acodehu, tras elecciones presidenciales de Honduras, del 26 de noviembre anterior, se registran 22 presos políticos y se suman más de 33 personas asesinadas o desaparecidas, así como más de 100 personas judicializadas o criminalizadas por las protestas que se dieron en distintas zonas del país centroamericano.
Ahora con la condición de refugiado, se eliminan los procesos de deportación y extradición sobre Eduardo Urbina, y se prohíbe al Estado costarricense expulsarlo o deportarlo. Por lo que que Honduras no podrá exigir su entrega, gracias a los convenios internacionales firmados por ambos países.
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