Tras la polémica generada por la aprobación de cinco contratos de energía eléctrica para la zona del Litoral Atlántico, el Congreso Nacional emitió un comunicado en el cual asegura que no modificaron ninguno de los términos establecidos.
“Es falso que el Congreso Nacional modificó el tipo de combustible a utilizar, como se ha dicho en algunos medios de comunicación”, señalan.
Según la Cámara Legislativa, las empresas a las que se les adjudicaron los contratos fueron las que ofrecieron en la licitación los precios más bajos y mayores beneficios para el país.
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Asimismo, garantizaron el cumplimiento de lo que establece la Ley General de la Industria Eléctrica, la cual señala que la duración de los contratos de compra de capacidad firme y energía no será inferior a 10 años.
De la misma manera, manifestaron que la obligación del Congreso es aprobar leyes en beneficio de toda la sociedad hondureña.
Aquí el comunicado:
Interventora de la ENEE aclara que no puede validar o invalidar contratos que apruebe el CN
Luego de que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica emitiera un comunicado en el cual aseguran que los cinco contratos para el Litoral Atlántico están fuera de ley, la Junta Interventora de la ENEE expresó que no tiene facultades para validar o invalidar documentos que respalde la Cámara.
Mediante un documento, la interventora de la ENEE asegura que, de acuerdo al artículo tres de la Ley General de Industria Eléctrica, es la CREE, quien debe supervisar y aprobar los procesos de contratación de compra de potencia y energía.
Cabe mencionar que, el pasado jueves, el Poder Legislativo dio luz verde a cinco contratos de suministro de energía para el departamento de Atlántida, Colón y Yoro, lo cual generó molestia en la comisión.
Según la CREE, los contratos tienen diversos “cambios de condiciones distintas a las requeridas en las bases de licitación”, por lo tanto, terminará afectando a los consumidores finales y a la ENEE.
Es importante detallar que, cuatro de esos contratos fueron para la empresa Comercial Laeisz S.A. de C.V. y uno para Rentas Américas.
No obstante, los interventores de la estatal eléctrica dejaron claro que actuarán de acuerdo a la legislación vigente aplicable y en consonancia a lo que ordenen los órganos competentes.
De la misma manera, indicaron que, a raíz del déficit energético en el Litoral Atlántico y la situación social de las comunidades afectadas, “instamos a los órganos competentes tomar las decisiones pertinentes enmarcadas en Ley en el corto plazo, para evitar o mitigar consecuencias negativas sociales que puedan derivarse de esa problemática”.
¿Usted qué opina?