Organizaciones de defensa de derechos humanos y familiares de la extinta defensora ambiental y de las etnias, Berta Cáceres denunciaron fallas en juicio por el caso de su asesinato.
Entre esas fallas, denunciaron la intención de abrir hoy jueves la audiencia de pruebas, sin haber agotado la instancia de investigación, denunció el abogado de la familia de la ecologista, Israel Madrid, al momento de presentar una petición de suspensión de esta etapa, a falta de periciar pruebas electrónicas, como celulares, tabletas, computadoras y un arma», expresó.
Por su parte, Berta Zúniga, hija de la malograda ambientalista manifestó. “Después de cinco órdenes judiciales y mandato expreso del Tribunal de Sentencia para entregar la información; la última con fecha del 27 de julio de este año, las fiscales nos responden a las interrogantes que hemos venido haciendo desde abril del 2017, con que no nos pueden brindar la información que hemos solicitado”, expresó Zúniga.
Lea También: Hija de Berta Cáceres inicia gira exigiendo justicia y prepara demanda contra banco holandésNueve sospechosos están presos por el asesinato de la coordinadora de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), incluyendo a Daniel Castillo, presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
Berta Zúniga recordó que a cuatro de los detenidos, se les vence la prisión preventiva en noviembre, por lo que el tiempo apremia. Nueve son los sospechosos que guardan prisión por ese crimen.
Lea También: VIDEO | Medio internacional destaca que la esencia de Berta Cáceres sigue viva en sus hijasTambién, doce organizaciones que representan a millares de abogados, entre ellas, el Observatorio Internacional para la Abogacía en Riesgo, del que forma parte el Consejo General de la Abogacía Española y organizaciones no gubernamentales han expresado, en una carta enviada al fiscal general y jefe del Ministerio Público de Honduras, su preocupación por las irregularidades observadas en este caso.
Entre estas irregularidades, señalan que el Ministerio Público ha rechazado en, al menos, 35 ocasiones la petición del equipo legal de la acusación privada para obtener los datos recabados en los registros de los domicilios de los acusados y en las oficinas de la Corporación DESA (titular de la concesión para la construcción del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”).
Cáceres fue asesinada por pistoleros en la madrugada del 3 de marzo del 2016 que irrumpieron en su vivienda en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá.
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