El subdirector del Instituto Nacional Penitenciario, German Mc Neil asegura que el concepto de alta seguridad penitenciaria actual difiere el que se practicaba con antes del poner en ejecución el nuevo sistema carcelario en el país.
A las cárceles de máxima seguridad han llegado reclusos desde diversos centros penales.
[jwplayer GAKKNKP5]Según el reglamento interno en los centros penales de hasta hace poco tiempo, el concepto de máxima seguridad consistía en someter al recluso a un encierro aislado y total por un período de tiempo de hasta por dos meses, con el supuesto que el infractor suavizaría la conducta ante el reglamento.
“Ahora la máxima seguridad aquí es por ley cumplimiento de condena. Eso significa que un juez podría perfectamente decretarle a un interno que cumpla su condena en una cárcel de máxima seguridad y nosotros, estamos aquí para hacer que se cumpla la ley”, confirmó McNeil.
La actual administración pública, ha impulsado una reforma penitenciaria, creando las cárceles de máxima seguridad: El Pozo-1, en Ilama (Santa Bárbara), El Pozo-2, en La Tolva en Morocelí y ahora la tercera en Támara.
Una separación en infraestructura de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, en Támara, es lo que llegó a ser para el Instituto Nacional Penitenciario, El Pozo número tres, El temible programa carcelario del nuevo sistema penitenciario del país.
Esta nueva cárcel ya empezó a ser ocupada por los privados de libertad considerados de alta y mediana peligrosidad, todos provenientes del Centro Penal Sampedrano, un total de 208 reclusos, que ocuparán celdas de 2×2 metros cuadrados.
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Igual que en las demás cárceles de alta peligrosidad, en El Pozo-3 hay que pasar los tres anillos de seguridad, en la posta, un militar recibe a las visitas y las pasa al ingreso general a la prisión, hasta llegar a donde están los son considerados “toros” (cabecillas de bandas y pandillas).
En total hay que abrir cinco pesadas puertas, cuyas cerraduras dependen solamente del encargado de llaves, la seguridad en estas nuevas cárceles corre bajo responsabilidad de la Policía Militar de Orden Público, de momento no se conoce si existe alguna intención de pasar esa tarea a otra institución de seguridad a un mediano o corto plazo.
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