Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respondiera este martes a la consulta formulada por el Estado costarricense el 18 de mayo del 2016, sobre «identidad de género e igualdad», así como «no discriminación a parejas del mismo sexo», Casa Presidencial se apresuró a informar que ahora serán los Tres Poderes de la República los que discutan cómo acatar la orden de la Corte.
No obstante, el Ejecutivo mostró su satisfacción con la opinión de la CIDH y aseguró ser respetuoso de la investidura de la Corte. Afirmó además que procederá de inmediato a estudiar «la forma más efectiva y expedita» de hacer cumplir como Estado, los estándares desarrollados en la resolución.
«El resultado de la Corte IDH me llena de emoción y de optimismo para la región, porque significa que vamos entendiendo los signos de los tiempos y la evolución de nuestras sociedades hacia la justicia y la no discriminación –no de las mayorías– sino de todas y todos. Estoy convencida de que es posible alcanzar una sociedad en la que todas las personas tengan la libertad de ser ellas mismas y puedan amar sin esconderse, sin pedir permiso y a la luz del día», expresó Ana Helena Chacón, vicepresidenta de la República.
Discurso sobre resolución a la Opinión Consultiva realizada a la Corte IDH
Quiero decirle a todas las personas que hoy encuentran esperanza y luz en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quienes ven en ella sus proyectos de vida futura en igualdad y sin discriminación; que este logro es gracias a ustedes, producto de sus empeños, de sus luchas, de sus dolores; y que reivindica el amor frente a ese odio que han resistido mil veces en una sociedad que por no entenderles, les excluyó con violencia y les trató como personas sin derechos.Hoy es un día esperanzador, para que incluso en los rincones más oscuros de nuestro continente, las futuras generaciones de personas #LGTBI crezcan sin miedo y tengan las mismas oportunidades en igualdad, para desarrollar sus propios proyectos de vida y de felicidad.
Posted by Ana Helena Chacón on Tuesday, January 9, 2018
Sin embargo, aún no está clara la forma en que se acatará la orden de la CIDH y no se sabe si será vía decreto, promulgando o reformando leyes o si sencillamente la legislación actual debe interpretarse según la opinión de la Corte.
«Debemos analizar todos los mecanismos posibles y propiciaremos un encuentro entre los Poderes del Estado para discutir sobre el acatamiento de la Corte IDH, pues esto es una consulta realizada por el Estado. Desde el Ejecutivo queremos ser el facilitador del proceso», indican desde el Ejecutivo.
Esto quiere decir que tanto diputados de la Asamblea Legislativa, como magistrados del Poder Judicial serán informados de la opinión de la CIDH y será hasta después de estas reuniones, que se sabrá cómo se aplicará en nuestro país, tanto el matrimonio igualitario, como los derechos de identidad de género de las personas trans.
De igual forma, no se sabe tampoco si lo referente a la identidad de género y lo atinente a las parejas del mismo sexo seguirán la misma vía. No obstante, en el Ejecutivo enfatizaron en que de una u otra forma, los cambios serán aplicados, pues la opinión de la corte es de acatamiento obligatorio.
«Si recurrimos al Sistema Interamericano es porque lo respetamos y porque queremos estar apegados a la juridispruedenica que emitan. Esto sin dejar de lado, el respeto que tenemos al ordenamiento jurídico de nuestro país», comunicó Casa Presidencial.
En el mismo documento de respuesta de la CIDH, los jueces esclarecieron cualquier duda acerca de si es o no obligatorio para Costa Rica hacer caso de los opinión emitida por la institución, para evitar lo ocurrido años atrás con el fallo sobre fertilización in vitro.
«La Corte recordó, además, que conforme al derecho internacional, cuando un Estado es parte de un tratado internacional, como la Convención Americana, dicho tratado obliga a todos sus órganos, incluidos los poderes judicial y legislativo. Es por tal razón que estima necesario que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad aplicando los estándares establecidos en esta Opinión Consultiva», dice el comunicado de la CIDH.
¿Usted qué opina?