Sin hacer caso de la Fiscalía General de la República, de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Ministerio Público, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y distintas organizaciones no gubernamentales, el presidente de la República, Carlos Alvarado, sancionó la Ley de Justicia Restaurativa, es decir, que la ley va tal y como la aprobaron los diputados.
El mandatario aseguró que hizo esto, confiando en la ‘buena fe’ de los diputados, quienes indicaron el mismo día en que aprobaron la ley, que le harían reformas para subsanar los errores que les fueron indicados por esas mismas entidades.
De esta forma, los legisladores deberán incorporar las recomendaciones de las distintas instituciones y reformar la nueva ley. Según indican en Casa Presidencial, el Ejecutivo espera que esto se haga pronto, para no ‘poner en riesgo la vigencia de este mecanismo’.
“Demos una oportunidad al diálogo entre los Poderes de la República para superar los aspectos que deben mejorarse en esta importante legislación y asegurarnos el interés público con la exitosa aplicación de la Justicia Restaurativa”, manifestó el presidente Alvarado.
En una nota dirigida este lunes a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo, el mandatario explicó que “aunque se podría plantear un veto por las observaciones señaladas, se optó por la vía de la sanción ante las manifestaciones de buena fe de los diputados y diputadas, en pro de reformar la norma”.
La ley sobre Justicia Restaurativa promueve la eficiencia en el tratamiento del delito con resultados a corto plazo e instrumentos y metodologías alternativas, pensando en la reinserción social.
No obstante, entre las principales criticas en su contra, está el hecho de que se plantea el diálogo entre víctimas y victimarios, con el fin de pagar lo daños de forma alternativa a la pena carcelaria. Esto fue señalado como peligroso en el caso de casos de violencia física, psicológica y sexual en contra de las mujeres, ya que en esos casos, hay relaciones de poder previas entre ellas y su agresor.
“Este proyecto de ley tiene que ser reformado y ajustado en tres aspectos que afectan la independencia del Ministerio Público, que afectan a las mujeres víctimas de violencia y que afectan el presupuesto que está destinado para las mujeres víctimas de violencia”, comentó en su momento la fiscala general, Emilia Navas.
Otro punto que señalaron los denunciantes en contra de la nueva legislación, es que más de 300 de millones de colones anuales dejaría de recibir el Ministerio Público para la atención de casos de violencia machista. Presupuesto que en estos momentos es destinado a la atención legal y psicológica a las víctimas, así como asistencia por parte de trabajadores sociales.
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