La mañana de este miércoles comenzó movida en el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pues realizaron 11 allanamientos en los cantones de Grecia de Alajuela, La Unión, Cartago, Escazú y San José. Todos relacionados con el caso del cemento chino («cementazo»).
Aparte de las cuatro casas allanadas, tres en Grecia y una en Tres Ríos (La Unión), las autoridades ingresaron en cuatro sucursales del Banco Popular en San José, Sabana, San Pedro y Pavas, así como la central de Improsa en B° Escalante, la agencia aduanal Aeromar en Tibás y en las oficinas de la agencia naviera Transmares en Escazú.
Con ello, las autoridades capturaron a cinco sujetos, tres altos funcionarios del Banco Popular (de apellidos Bogantes Brenes, Gómez Barrantes y Alpízar Hidalgo) así como a dos gerentes de Sinocem Costa Rica, la empresa que importaba cemento desde China, propiedad de Juan Carlos Bolaños (apellidados Rojas Segura Y Cortés Zúñiga).
Según confirmó la fiscal general de la República, Emilia Navas, aún están en la búsqueda de otro gerente del Banco Popular de apellidos Delgado Negrini.
Estas acciones se dan por el préstamo que hizo el banco respaldado por el Estado de $5 millones a las empresa de Bolaños, Inversiones e Inmobiliaria de Grupo JCB, sin analizar la capacidad de pago de la compañía debidamente.
“Es un otorgamiento irregular a la empresa JCB por parte del Banco Popular por $5 millones, en donde el banco autoriza la línea de crédito en el 2015 sin hacer análisis de la capacidad de pago”, comentó la fiscala general Emilia Navas, en rueda de prensa.
Según la investigación del Ministerio Público, el Grupo JCB utilizó la misma documentación sobre importación de cemento, para pedir el crédito en el Banco que Popular por $5 millones, que previamente había presentado con Sinocem para el préstamo por $30 millones que solicitó al Banco de Costa Rica (BCR).
Los detenidos son acusados de peculado y estafa en contra de la Banco Popular. La Fiscalía solicitará seis meses de prisión preventiva. Por este mismo caso, ahora están en la cárcel cinco exmiembros de la gerencia del BCR y el propio Juan Carlos Bolaños.
Posición de Aeromar
En el caso de la agencia aduanal Aeromar, defienden que su accionar fue tranparente y normal, asegurando además que se encuentran en total disposición de cooperar con la Fiscalía.
“Fuimos contratados por la Agencia Naviera Transmares como agentes aduanales para realizar la nacionalización del producto declarado, una tarea que hacemos a diario y como parte de un encadenamiento del proceso de las importaciones en general”, indicó Ricardo Badilla, abogado de la compañía.
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