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ALERTA | Reportan 30 de 53 personas positivas para COVID-19 en asilo de ancianos de Copán

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Un total de 30 de las 53 personas, entre ellas 18 de la tercera edad, que residen en el Asilo de Ancianos Inmaculada Concepción, de Santa Rosa de Copán, resultaron positivas para la COVID-19.

Una denuncia interpuesta ante autoridades sanitarias llevó a la intervención del asilo de ancianos el sábado pasado, durante la cual se realizaron pruebas de antígenos y PCR a los abuelitos y al personal que los atiende.

La directora de salud de esa región sanitaria, Gloria Fajardo, confirmó que 18 de los casos positivos corresponden a personas de la tercera edad, mientras que los restantes 12 son empleados del recinto.

“Entre estas personas hay entre internos por edad, que son los ancianitos, personal, que son las muchachas que los cuidan, las religiosas y personal externo, que son la lavandera, enfermera y médico, que suman 53 personas, de esas hay treinta que salieron positivas y de los ancianitos que únicamente 18 se han contagiado”, detalló Fajardo.

Además, la funcionaria señaló que “todos aparentemente” se han mantenido estables, pese a que dos adultos mayores fueron trasladados a un triaje de la ciudad.

De 800,000 ancianos que la Secretaría de Salud se impuso como meta inmunizar en el país, solo 500,000 han recibido alguna dosis de la vacuna contra la COVID-19, y 120,000, el 12 por ciento del grupo, ha completado el esquema de inmunización.


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CNA acusa a la ministra de salud por cinco supuestos delitos de abuso de autoridad

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), contra la actual ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, por suponerla responsable de cinco delitos de abuso de autoridad.

De acuerdo al informe entregado, el CNA denuncia redes de corrupción en la Secretaría de Salud en el otorgamiento y contratos a los hijos, nuera y círculos más cercano de la ministra.

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Asimismo, se menciona la participación de servidores públicos de la Dirección General de Servicios Civil y la Secretaría de Finanzas, quienes habrían contribuido en los actos ilegales denunciados por el órgano anticorrupción.

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