El proceso judicial contra el expresidente Juan Orlando Hernández entró en una nueva etapa luego de que un juez librara una orden de captura por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos. La resolución se produce meses después de que el exmandatario recuperara su libertad en Estados Unidos tras recibir un indulto presidencial, mientras en Honduras continúa enfrentando causas penales independientes.

De acuerdo con el abogado Ivis Discua, el expresidente ya manifestó su intención de someterse al proceso judicial, por lo que el siguiente paso será comparecer ante un juez en la audiencia de declaración de imputado.

Ministerio Público presentará la acusación

Discua explicó que, durante esa primera audiencia, el Ministerio Público expondrá los cargos y los elementos de prueba con los que sustenta la acusación por fraude y lavado de activos.

Al mismo tiempo, la defensa del expresidente tendrá la oportunidad de presentar sus descargos y responder a los señalamientos formulados por la Fiscalía.

«En esta etapa el juez escuchará a ambas partes para conocer cuáles son las pruebas de cargo y cuáles son las pruebas de descargo», explicó el profesional del derecho.

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¿Qué puede decidir el juez?

Según Ivis Discua, una vez celebrada la audiencia de declaración de imputado, el proceso avanzará hacia la audiencia inicial, donde el juez analizará si existen indicios suficientes para continuar con la causa penal.

Si considera que las pruebas presentadas respaldan la acusación, podrá dictar un auto de formal procesamiento.

No obstante, también podrá resolver un sobreseimiento provisional o definitivo si concluye que no existen elementos suficientes para sostener la imputación.

¿Podría regresar a prisión?

Uno de los aspectos que deberá resolver el juez será la medida cautelar que enfrentará el exmandatario durante el desarrollo del proceso.

Discua señaló que el juzgador podrá ordenar prisión preventiva o imponer medidas sustitutivas, dependiendo de la valoración que haga de los riesgos procesales y de los argumentos presentados por ambas partes.

«Será el juez quien determine si corresponde la prisión preventiva, medidas sustitutivas o cualquier otra resolución conforme a la ley», indicó.

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Delitos contemplan penas mayores

El abogado recordó que los delitos de fraude y lavado de activos contemplan penas superiores a los tres años de prisión dentro de la legislación hondureña, por lo que se trata de acusaciones de alta gravedad.

A su criterio, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial enfrentarán un importante reto debido al interés público que rodea el caso.

El contexto del caso

Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022 por cargos relacionados con narcotráfico. En 2024 fue condenado por una corte federal estadounidense, pero posteriormente recibió un indulto presidencial y recuperó su libertad. Sin embargo, en Honduras continúa enfrentando un proceso penal por presuntos delitos de fraude y lavado de activos, causa por la que recientemente se emitió una orden de captura.

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