El presidente de la Comisión Electoral, Antonio Rivera Callejas, propuso eliminar la figura de la unanimidad en las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), con el objetivo de agilizar el funcionamiento de ambos organismos mediante la aplicación de mayoría simple.

El planteamiento busca, según sus impulsores, evitar que los procesos electorales se vean limitados por la exigencia de consensos totales en cada resolución.

“Vamos a quitar la palabra unanimidad para todas las resoluciones para que no se vea la camisa de fuerza y sea mejor mayoría simple”, expresó Rivera Callejas al defender la iniciativa.

Partidos políticos tienen posturas encontradas

La propuesta ha generado diversas reacciones en el ámbito político nacional. Desde el Partido Liberal, algunos sectores consideran que el debate debería centrarse en reformas de mayor alcance, como la implementación de una segunda vuelta electoral o la ciudadanización de las mesas electorales.

“Que se elimine la unanimidad para mí no es tan importante como decir segunda vuelta electoral… yo creo que hay cosas más importantes y más fuertes que el pueblo hondureño estaba esperando”, manifestó el parlamentario liberal, Rumy Bueso.

Por su parte, representantes del partido Libertad y Refundación (Libre) advierten que la medida podría debilitar los consensos dentro de los órganos electorales y afectar la confianza en las decisiones que estos adopten.

En tanto, sectores del Partido Nacional han señalado que no apoyarán la integración de los organismos electorales si no se garantiza, según su postura, el control equilibrado de estos entes.

¿Qué dicen los analistas?

Mientras tanto, la iniciativa cuenta con el respaldo de expertos y analistas, quienes consideran que esta medida permitiría agilizar la toma de decisiones al establecer la mayoría como mecanismo de resolución.

Según este enfoque, la reforma contribuiría a resolver diversos problemas operativos y abriría paso a acuerdos bipartidistas más funcionales en la toma de decisiones políticas, garantizando mayor eficiencia en el desarrollo del cronograma electoral sin poner en riesgo la democracia.

Además, señalan que las resoluciones del pleno de consejeros y magistrados serían más expeditas, evitando retrasos en el proceso electoral y fortaleciendo la institucionalidad frente a prácticas coercitivas o acciones que afectaron procesos anteriores.

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