El caso del asesinato de una enfermera en San Manuel, Cortés, ha tomado un nuevo giro luego de conocerse que el principal acusado, Daniel Meraz, ya enfrentaba denuncias previas por agresiones y otros hechos, según documentos y autoridades judiciales.

El portavoz del Poder Judicial en San Pedro Sula, Herbert Rivera, detalló que desde el 16 de agosto de 2024, un Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica emitió medidas de seguridad a favor de la víctima identificada como Mercedes Gómez López, tras una denuncia interpuesta en la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Rivera explicó que la mujer relató en su denuncia que sufría golpes y maltratos por parte de su pareja, lo que motivó la activación inmediata de los mecanismos de protección.

Proceso judicial sin seguimiento

El funcionario judicial indicó que el sistema programó una audiencia para el 3 de septiembre de 2024, sin embargo, ninguna de las partes se presentó al proceso. Esto obligó a los tribunales a iniciar intentos de localización para continuar con el caso.

El personal judicial realizó visitas domiciliarias y llamadas a los números proporcionados en el expediente, pero no obtuvo respuesta, lo que dificultó el avance de las diligencias.

Posteriormente, el expediente pasó al juzgado de ejecución de violencia doméstica, donde se repitieron los intentos de ubicación sin resultados positivos.

Diligencias que caducaron

De acuerdo con Rivera, al no lograrse la continuidad del proceso, las medidas establecidas terminaron caducando tras seis meses, lo que cerró temporalmente el expediente bajo esa figura legal.

El portavoz señaló que el sistema judicial dependió del seguimiento del proceso y la participación de las partes para mantener activas las medidas de protección.

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Un caso que genera cuestionamientos

El funcionario judicial también subrayó que, de haberse mantenido el proceso activo, el caso podría haber tenido otro desenlace, al mantenerse vigentes las medidas de protección ordenadas por el juzgado.

Finalmente, el caso del asesinato de la enfermera sigue bajo investigación, mientras las autoridades analizan los antecedentes y el historial de denuncias vinculadas al principal acusado, situación que ha generado fuertes cuestionamientos sobre el seguimiento de medidas de protección en casos de violencia doméstica.

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