El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó sobre una propuesta orientada a fortalecer las acciones de seguridad en el país mediante el trabajo coordinado entre los cuerpos policiales y militares.

La iniciativa plantea una mayor articulación entre instituciones del Estado para el desarrollo de operativos en zonas consideradas de alta incidencia delictiva, con el objetivo de reforzar la presencia de las autoridades en las calles.

Policía Militar acompañará a la Policía Nacional en operativos

Zambrano comunicó que se ha autorizado a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) para acompañar a la Policía Nacional en labores de seguridad en barrios y colonias identificadas como zonas de mayor peligrosidad en el territorio hondureño.

De acuerdo con lo expresado por el titular del Legislativo, esta medida forma parte de un esquema de trabajo conjunto entre instituciones de seguridad del Estado, con el propósito de reforzar la capacidad operativa en sectores donde se registran altos índices de violencia y criminalidad.

“Quedó autorizado la Policía Militar para que visite los barrios más peligrosos del país y retomemos un clima de paz, seguridad y tranquilidad”, declaró Zambrano ante medios de comunicación durante actividades oficiales.

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Coordinación interinstitucional en materia de seguridad

El presidente del Congreso Nacional explicó que la estrategia contempla la coordinación entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas como parte de un esfuerzo interinstitucional para enfrentar estructuras delictivas en diferentes regiones del país.

Asimismo, señaló que estas acciones buscan responder a la demanda de la población que solicita una mayor presencia de los cuerpos de seguridad en las calles, especialmente en zonas urbanas y donde se concentran hechos violentos.

Zambrano también indicó que desde el Congreso Nacional se respaldarán las iniciativas impulsadas por el presidente Nasry Asfura en materia de seguridad ciudadana.

“El pueblo pide, quiere y necesita la Policía Militar y las Fuerzas Armadas en las calles acompañando a la Policía Nacional”, expresó el legislador.

Reformas legales en materia de seguridad y violencia

En el ámbito legislativo, Zambrano informó que el Congreso Nacional mantiene en agenda la discusión de reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica, las cuales incluyen disposiciones relacionadas con el registro de agresores, restricciones para la portación de armas y limitaciones para aspirar a cargos de elección popular en caso de condenas.

Además, detalló que se prevén sanciones administrativas como la suspensión de licencias de conducir para personas vinculadas a este tipo de delitos.

De igual forma, el Congreso ha aprobado recientemente reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, orientadas a endurecer las penas por feminicidio y a fortalecer el sistema de justicia mediante la creación de juzgados especializados.

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Presencia de la Policía Militar en seguridad ciudadana

La participación de la Policía Militar en operativos de seguridad pública ha sido implementada en distintos periodos como parte de estrategias estatales para apoyar a la Policía Nacional en el control de zonas con alta incidencia delictiva.

Estas acciones incluyen patrullajes preventivos, operativos conjuntos y despliegues en comunidades donde se han identificado estructuras criminales, con el objetivo de fortalecer la presencia institucional en el territorio.

Las autoridades del Congreso Nacional continúan promoviendo medidas orientadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana en Honduras mediante el trabajo conjunto entre la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público, en coordinación con otras instituciones del Estado.

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Reestructuración policial tras el cierre de la Dipampco

La Secretaría de Seguridad inició una reestructuración institucional tras la desaparición de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), una unidad especializada en el combate a la extorsión, maras y pandillas. En su lugar fue creada la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), que funcionará bajo la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) con un enfoque en inteligencia e investigación criminal.

Como parte del proceso, las autoridades comenzaron la evaluación de los 780 agentes que integraban la extinta Dipampco. Los funcionarios deberán someterse a pruebas de confianza, poligrafía, exámenes toxicológicos y procesos de certificación para determinar si pueden incorporarse a la nueva unidad o ser reasignados a otras dependencias policiales.

La reestructuración ocurre meses después de la suspensión del estado de excepción, una medida aplicada durante gran parte de la administración de la expresidenta Xiomara Castro para enfrentar la extorsión y otros delitos.