Los fondos públicos depositados en la Tesorería General de la República y en el Banco Central de Honduras (BCH) no podrán ser objeto de embargo, según una determinación que cuenta con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que ha generado diversas reacciones en los sectores jurídico y ciudadano.

El magistrado del poder Judicial, Mario Díaz, señala que cualquier medida orientada a proteger los bienes y recursos del Estado se encuentra sustentada en el marco legal vigente.

Asimismo, enfatizaron que el objetivo es garantizar una adecuada administración de los fondos públicos y asegurar que los procedimientos relacionados con estos recursos se desarrollen respetando la ley y los derechos de todas las partes involucradas.

Sefin sale al paso

Desde la Secretaría de Finanzas (Sefin) se aclaró que la disposición no libera al Estado de la obligación de cumplir con las sentencias judiciales firmes.

Su titular, Emilio Hércules, explica que los pagos derivados de resoluciones civiles o laborales deberán efectuarse mediante los mecanismos legales correspondientes y con la debida coordinación entre los juzgados competentes y la Tesorería General de la República.

“No exime de la responsabilidad que tiene el Estado de pagar las sentencias que ya han sido fijadas por el Poder Judicial”, reiteró Hércules, al tiempo que señalaron que será necesario definir procedimientos específicos para concretar los desembolsos ordenados por los tribunales.

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Expertos debate decisión

Sin embargo, expertos en materia constitucional han expresado preocupación por los alcances de la resolución.

Entre los principales cuestionamientos figura la ausencia de plazos definidos para que el Estado haga efectivos los pagos a favor de ciudadanos que hayan obtenido fallos judiciales favorables.

Según la experta en temas constitucionalista, Ruth Lafosse, la normativa anterior contemplaba un período máximo de hasta 12 meses para que la Secretaría de Finanzas programara y realizara los pagos correspondientes. No obstante, el nuevo decreto no establece un tiempo determinado, lo que podría generar incertidumbre para quienes esperan el cumplimiento de una sentencia.

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