El Congreso Nacional aprobó una autorización especial para que el presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, pueda ejercer temporalmente facultades administrativas, una medida que busca evitar la paralización de la institución en medio de la crisis que enfrenta por la falta de magistrados para integrar su pleno.

La decisión surge luego de que el propio magistrado solicitara la intervención del Legislativo al advertir que el organismo no cuenta con el quórum necesario para sesionar y tomar decisiones como pleno, debido a las vacantes que permanecen sin ser cubiertas.

TJE opera incompleto tras destituciones y fallecimiento

Actualmente, el Tribunal enfrenta dificultades para funcionar de manera normal luego de la destitución, mediante juicio político, del magistrado propietario Mario Morazán y de los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez. A ello se suma el fallecimiento de la magistrada Miriam Barahona.

La situación ha dejado al organismo sin la integración requerida para que el pleno pueda conocer y resolver asuntos de su competencia, mientras el Congreso aún no realiza los nombramientos pendientes.

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¿Qué podrá hacer Mario Flores?

La autorización aprobada por el Legislativo no le otorga facultades jurisdiccionales al magistrado presidente, sino únicamente atribuciones administrativas para garantizar el funcionamiento diario del organismo electoral.

Entre ellas figuran la ejecución presupuestaria, administración de recursos, coordinación institucional, firma de contratos administrativos, pagos y representación del TJE ante organismos nacionales e internacionales.

Esto permitirá que el tribunal continúe operando financieramente y cumpla compromisos adquiridos con organismos como el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) y otras entidades vinculadas a temas electorales.

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Persisten interrogantes sobre integración del organismo

Aunque la medida evita una paralización administrativa, el problema de fondo continúa sin resolverse: la falta de integración del pleno.

La autorización tendrá vigencia únicamente mientras el Congreso Nacional no elija y juramente a los magistrados que permitan completar nuevamente la estructura legal del Tribunal de Justicia Electoral.

Mientras tanto, las funciones jurisdiccionales y la resolución de asuntos que requieren la participación del pleno seguirán limitadas hasta que se nombre a los funcionarios faltantes.

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