Carlos Mojica, conocido en el mundo criminal como “Viejo Lin” y señalado como uno de los fundadores históricos de la pandilla Barrio 18 en El Salvador, murió la noche del miércoles (20/05/26) mientras se encontraba bajo custodia penitenciaria. La información fue confirmada este jueves por autoridades de Centros Penales.

De acuerdo con el reporte oficial, el interno falleció a causa de un fallo multiorgánico derivado de múltiples padecimientos médicos. El documento detalla que Mojica enfrentaba un cuadro clínico complejo que incluía cirrosis hepática, síndrome hepatorrenal y la sospecha de un glioblastoma, una forma agresiva de tumor cerebral.

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El deceso ocurrió después de más de dos décadas de reclusión. Mojica había sido encarcelado desde 2003 y acumulaba condenas por delitos como homicidio, extorsión y portación ilegal de armas de guerra, según registros penitenciarios.

Durante las décadas de 1990 y 2000, las autoridades salvadoreñas lo identificaron como uno de los principales líderes de estructuras violentas vinculadas al Barrio 18. Investigaciones oficiales lo relacionan con una amplia gama de crímenes, entre ellos asesinatos, extorsiones, violaciones, reclutamiento forzado de menores y otras actividades delictivas que marcaron uno de los periodos más violentos del país.

También estuvo ligado a la fragmentación interna de la pandilla, cuando surgieron facciones enfrentadas como “Sureños” y “Revolucionarios”, lo que intensificó la violencia en las calles salvadoreñas. Aun desde prisión, informes de inteligencia y denuncias periodísticas lo ubicaban como una figura que mantenía influencia sobre decisiones criminales mediante comunicaciones clandestinas, llegando presuntamente a emitir órdenes relacionadas con cobros de extorsión y actos violentos, algo que las autoridades han investigado en distintas etapas.

Su nombre volvió a ocupar titulares en 2012, cuando fue señalado como uno de los portavoces durante el proceso conocido como la tregua entre pandillas. En ese periodo, estructuras como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18 habrían acordado reducir los niveles de homicidios en el país, en un proceso mediado y respaldado entonces por el gobierno del expresidente Mauricio Funes.

La iniciativa, que se extendió hasta 2014, generó una fuerte controversia política y social debido a las denuncias sobre supuestos beneficios otorgados a líderes pandilleros recluidos en penales. Funes negó en reiteradas ocasiones haber concedido privilegios a cambio de la disminución de la violencia, aunque posteriormente fue condenado en 2023 por hechos relacionados con ese proceso.

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En paralelo, El Salvador mantiene desde 2022 un régimen de excepción impulsado por el gobierno de Nayib Bukele como parte de su estrategia de seguridad contra las pandillas. La medida ha permitido detenciones masivas y una reducción significativa de homicidios, aunque también ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.