La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa emitió un comunicado contundente en el que anunció la designación de maras, pandillas y cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.

Esta medida implica un bloqueo financiero internacional contra dichas estructuras criminales, con el objetivo de cortar sus fuentes de ingresos y limitar su capacidad operativa.

El abogado y experto en seguridad Germán Licona analizó el alcance de esta decisión y señaló que se trata de un llamado de atención a la clase política hondureña, que ha mostrado negligencia en atacar frontalmente el crimen organizado.

Mayor control de finanzas

Según explicó, la designación permitirá a las autoridades antiterroristas de Estados Unidos tener un mayor control sobre la trazabilidad de las ganancias criminales, algo que no se ha logrado articular en Honduras a través de la Comisión Nacional de Banca y Seguros.

Licona subrayó que el sistema financiero hondureño no será la excepción, ya que las medidas abarcan el uso de tarjetas de crédito, billeteras electrónicas y otros mecanismos de pago.

En su criterio, esta acción representa un “aldabonazo” para que los políticos hondureños dejen de lado la “política barata” y tomen decisiones firmes frente a la violencia que golpea al país, donde se registran en promedio seis muertes violentas al día, incluyendo femicidios y masacres.

¿Quiénes están en la lista?

De acuerdo con información internacional, Estados Unidos incluyó en esta lista al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a la Mara Salvatrucha (MS-13) y al Tren de Aragua, entre otros grupos.

La ofensiva busca congelar activos, bloquear cuentas bancarias y restringir el acceso de estas organizaciones al sistema financiero global.

La medida también ejerce presión sobre países como Honduras, México y Venezuela para que fortalezcan sus instituciones de seguridad y colaboren en la lucha contra el crimen organizado. Para los analistas, esta decisión marca un cambio de paradigma en la estrategia estadounidense, al tratar a los cárteles y pandillas como amenazas terroristas, lo que abre la puerta a respuestas más agresivas en el ámbito diplomático, judicial y financiero.

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