El sistema judicial en Honduras atraviesa una etapa de alta tensión institucional en los primeros meses de 2026 tras cambio de gobierno en la que coinciden reformas estructurales, sustitución de liderazgo y un rezago en la resolución de casos.

La acumulación de expedientes sin resolver en el Poder Judicial continúa siendo uno de los principales obstáculos para garantizar el acceso efectivo a la justicia para los hondureños.

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Las últimas cifras señalaban: más de 43 mil expedientes permanecen pendientes a nivel nacional. Solo en 2025 ingresaron 129,997 casos, mientras que se resolvieron 86,991, lo que evidencia un desfase significativo entre la carga de trabajo y la capacidad operativa del sistema.

No obstante, el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, explicó que actualmente se desarrollan diagnósticos más detallados para determinar con precisión la mora judicial. “En este momento no les sabría dar una cifra específica en tema de mora porque esa es parte de los estudios y diagnósticos que se están haciendo”, afirmó.

Especialistas coinciden en que la mora judicial no responde únicamente al volumen de casos, sino también al incumplimiento de plazos procesales y a deficiencias estructurales que afectan la eficiencia de los tribunales.

En ese contexto, Duarte detalló que se han identificado “cuellos de botella específicos” dentro del sistema, lo que ha permitido adoptar ajustes internos. Entre las medidas, mencionó el fortalecimiento de unidades jurisdiccionales, la eliminación de pasos innecesarios en los procesos y la implementación de nuevas dinámicas de trabajo para agilizar la evacuación de expedientes.

Además, destacó la activación de mecanismos de control y supervisión. “Existe una supervisión muy dedicada a fin de mantener vigilancia sobre el trabajo de los jueces; cuando hay demoras atribuibles, la unidad de Supervisión General entra a investigar y deducir responsabilidades”, explicó.

Salida de Ráquel Obando y reconfiguración del Poder Judicial

Este escenario ocurre en paralelo a una reconfiguración del Poder Judicial. La entonces presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, presentó su renuncia irrevocable al cargo. Su salida se produjo en medio de la presión de un juicio político promovido desde el Legislativo, lo que aceleró el relevo en la cúpula judicial.

Tras la dimisión, el Congreso Nacional aceptó la renuncia con amplia mayoría y dio paso a la designación del magistrado Wagner Vallecillo como presidente interino, quien posteriormente fue ratificado por el pleno de la CSJ. Su nombramiento se produjo en un contexto político marcado por acuerdos entre bancadas mayoritarias.

La entrada en vigor del Decreto No. 10-2026, tras su publicación en el diario oficial La Gaceta, marcó un punto de inflexión al trasladar facultades administrativas al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Según indicaron, la normativa busca corregir lo que el Legislativo considera una excesiva concentración de poder en la presidencia, promoviendo decisiones compartidas en procesos como nombramientos, ascensos y sanciones disciplinarias.

Mientras no se conforme un nuevo Consejo de la Judicatura, los 15 magistrados deberán asumir estas funciones de manera conjunta, bajo un esquema que exige mayoría simple para la toma de decisiones. La reforma también generó efectos inmediatos en la estructura interna del máximo órgano judicial.

En paralelo, Duarte aseguró que la reestructuración institucional no ha detenido la operatividad de los tribunales. “El trabajo en los juzgados de paz, juzgados de letras y cortes de apelaciones continúa de la misma manera; el servicio de justicia no se detiene”, subrayó.

El portavoz también señaló que existe un enfoque en fortalecer los juzgados de paz, al considerarlos el primer contacto de la ciudadanía con el sistema judicial. Asimismo, destacó el papel del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, un programa comunitario que contribuye a resolver conflictos locales y reducir la carga de los tribunales.

A nivel interno, el pleno de magistrados se ha reorganizado en tres comisiones —legislativa, de personal y disciplinaria— para asumir funciones que antes recaían en la presidencia de la CSJ. Esta redistribución busca agilizar la toma de decisiones y atender necesidades administrativas y jurisdiccionales con mayor rapidez.

Duarte también puso como ejemplo acciones concretas en la Sala de lo Constitucional, donde se han intensificado los esfuerzos de evacuación de expedientes. “Solo en un día se firmaron 105 expedientes relacionados con admisibilidades, audiencias y otros trámites”, indicó, al tiempo que explicó que la magistrada presidenta de dicha sala puede resolver ciertos procesos con firma única para acelerar los procedimientos.

Los cambios institucionales no se limitan al Poder Judicial. De forma paralela, el Ministerio Público (MP) también enfrentó un cambio abrupto con la destitución del fiscal general Johel Zelaya, acusado de abuso de poder y manejo irregular de expedientes. El proceso, desarrollado en una sesión legislativa tensa, incluyó señalamientos sobre supuesta manipulación de casos y aplicación selectiva de la justicia.

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A pesar de estos esfuerzos, el reto sigue siendo considerable. La implementación del nuevo esquema, la eventual creación de un Consejo de la Judicatura y la estabilización del liderazgo institucional serán factores determinantes para medir si las reformas logran traducirse en mejoras reales. Por ahora, el sistema de justicia hondureño se encuentra en una encrucijada: avanzar hacia una mayor transparencia y eficiencia o profundizar un rezago que continúa afectando la confianza ciudadana y el cumplimiento de la agenda de justicia en el país.