El espacio para llenar la vacante en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) profundiza la parálisis en uno de los órganos clave del sistema judicial hondureño.

En medio de este escenario, el nombre de la exmagistrada presidenta Rebeca Ráquel Obando ha generado un rechazo dentro del gremio legal, que cuestiona tanto su idoneidad como la legitimidad de su eventual designación.

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Diversos abogados han expresado preocupación por lo que consideran una posible decisión desacertada, al recordar que sobre la exfuncionaria pesan señalamientos de irregularidades durante su gestión al frente del Poder Judicial. Según advierten, estos cuestionamientos no han sido aclarados, lo que a su juicio compromete la ética y credibilidad de la Sala de lo Constitucional.

El director de Justicia C-Libre, Saúl Bueso, señaló que existen acusaciones serias que aún están pendientes de respuesta, por lo que considera que cualquier aspiración de Obando debe estar sujeta a una rendición de cuentas. En la misma línea, otros profesionales del derecho sostienen que su posible retorno al máximo tribunal no solo resulta inconveniente, sino que podría deteriorar aún más la confianza ciudadana en la institucionalidad.

Las críticas no se limitan a un posible nombramiento. Algunos juristas van más allá y plantean que la magistrada debería enfrentar procesos de responsabilidad, incluso a través de mecanismos como un juicio político, con el fin de esclarecer las denuncias que han marcado su trayectoria reciente. A su criterio, permitir su reintegración sin resolver estos señalamientos enviaría un mensaje de impunidad.

El abogado Jaime Rodríguez cuestionó además las condiciones en que se produjo la salida de Obando del cargo, señalando que su renuncia no fue clara ni definitiva, lo que ha generado inconformidad en distintos sectores. Desde su perspectiva, la transparencia en estos procesos es fundamental para garantizar la legitimidad de cualquier decisión.

¿Sectores dicen no a Rebeca Ráquel Obando?

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Por su parte, el abogado Luis Romero subrayó que, desde un enfoque ético, cualquier funcionario señalado debería apartarse voluntariamente hasta que su situación sea aclarada. Afirmó que este principio no solo aplica a Obando, sino a todos los servidores públicos bajo cuestionamiento.

“Desde el punto de vista ético, si ella siente que existen señalamientos graves sobre su persona, lo correcto sería que hubiese renunciado. Y no solo ella, asimismo que renunciaran todos los funcionarios sobre los cuales en cierto momento ha habido algún tipo de señalamiento respecto al ejercicio de sus funciones”, puntuó Romero.