El Congreso Nacional de Honduras, bajo la presidencia de Tomás Zambrano, inició el trámite de una denuncia de juicio político contra cinco altos funcionarios del sistema electoral, en una sesión que avanzó entre llamados al orden y advertencias desde la presidencia del Poder Legislativo.

Durante el desarrollo, se confirmó que el procedimiento se sustenta en el artículo 234 de la Constitución y en la Ley Especial de Juicio Político, normativa que permite evaluar la conducta de servidores públicos electos por el Legislativo.

El presidente del Congreso anunció que la denuncia sería leída, sometida a votación y posteriormente turnada a una comisión especial, encargada de analizar el caso.

Además, instruyó al secretario levantar actas sobre incidentes en el hemiciclo, advirtiendo sanciones administrativas a quienes alteraran el desarrollo de la sesión.

Funcionarios señalados y argumentos legales

El secretario del Congreso, Carlos Ledezma, dio lectura oficial al documento que identifica a los funcionarios incluidos en la denuncia: Marlon Ochoa, consejero propietario del CNE; Karen Rodríguez, consejera suplente; y los magistrados del TJE Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.

De acuerdo con el escrito presentado por los diputados Sergio Figueroa, Marco Lainez y Miguel Edgardo, las acusaciones se fundamentan en denuncias formales respaldadas por documentación nacional e internacional, sin emitir valoraciones anticipadas sobre la responsabilidad de los implicados.

El documento subraya que el proceso responde al control político que ejerce el Congreso, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa.

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Señalamientos sobre el proceso electoral 2025

Las denuncias incluyen presuntas irregularidades en el desarrollo del proceso electoral de 2025, señalando interrupciones en sesiones, retrasos en decisiones clave y acciones que habrían afectado el funcionamiento institucional del sistema electoral.

También se citan reportes de organismos de observación internacional, como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y la OEA, que documentan situaciones ocurridas durante ese periodo.

Entre los puntos expuestos, se mencionan ausencias en sesiones convocadas, demoras en resoluciones y dificultades en la ejecución del cronograma electoral, elementos que forman parte del sustento de la denuncia.

¿Quiénes integrarán la comisión especial?

Una vez admitida la denuncia, el pleno aprobó con 91 votos la suspensión de los funcionarios señalados, incluyendo a Marlon Ochoa y a las autoridades del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral, quienes no podrán ingresar a sus instituciones mientras avanza el proceso.

En ese mismo acto, el Congreso conformó la comisión especial de juicio político, integrada por la diputada Tania Pinto como presidenta, Lissi Matute Cano como vicepresidenta y Alberto Cruz como secretario, además de los miembros Kilvett Bertrand, Saraí Espinal, Sara Zavala, Luz Ernestina Mejía, Arnold Burgos y Alejandra Vallecillo, quienes tendrán la responsabilidad de citar a los implicados y conducir el proceso conforme a la Constitución, garantizando el debido proceso, el derecho a la defensa y la contradicción de las partes.

Lo que viene: decisión clave del pleno

El aspecto central del proceso se definirá en las próximas etapas: el pleno del Congreso deberá decidir si admite formalmente la denuncia y da paso a la investigación. De concretarse este paso, se podría ordenar la suspensión temporal de los funcionarios señalados mientras la comisión especial desarrolla las indagaciones.

Este movimiento coloca nuevamente en el centro del debate el funcionamiento de los órganos electorales y el rol del Congreso en el control institucional, en un contexto donde las decisiones legislativas marcarán el rumbo del proceso político en el país.

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