La situación del sistema de salud público en Honduras podría enfrentar un nuevo punto crítico tras las denuncias del gremio de enfermería sobre una serie de despidos que califican como irregulares y que, según advierten, podrían impactar directamente en la atención a la población.

La presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería, Julia Benítez, cuestionó la versión oficial brindada por autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) respecto a la salida reciente de personal: aseguró que los argumentos expuestos por los viceministros no reflejan la realidad laboral de las profesionales afectadas.

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De acuerdo con el gremio, al menos 30 enfermeras han sido separadas de sus funciones en los últimos días, muchas de ellas notificadas únicamente de forma verbal. Esta práctica, señalan, incumple los procedimientos legales establecidos y genera incertidumbre entre el personal sanitario. Benítez explicó que contrario a lo indicado por funcionarios, las enfermeras despedidas no son de reciente ingreso. Detalló que se trata de trabajadoras con entre tres y cinco años de servicio continuo, varias de ellas ocupando plazas que quedaron disponibles tras procesos de jubilación dentro del sistema público.

Asimismo, indicó que aunque existen debilidades administrativas en el manejo de los interinatos, estos forman parte de los procesos internos institucionales y no invalidan la relación laboral sostenida por las profesionales. En ese sentido, defendió que el personal ha cumplido con los requisitos legales correspondientes.

Uno de los casos señalados ocurrió en el Hospital San Felipe, donde, según la denuncia, varias enfermeras fueron informadas en oficinas de Recursos Humanos que ya no debían presentarse a laborar, sin recibir documentación oficial que respaldara la decisión.

“Nos parece incorrecto que se realicen cancelaciones sin notificación escrita”, expresó la dirigente, al tiempo que confirmó que el gremio se encuentra recopilando información para determinar el alcance total de los despidos.

Según Benítez, en reuniones previas se había garantizado estabilidad laboral para el personal de enfermería, especialmente tras la aprobación de medidas orientadas a fortalecer el sistema de salud.

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En lugar de ampliar la cobertura con nuevas contrataciones, como se esperaba, el gremio señala que se estaría reduciendo el recurso humano, lo que podría derivar en una sobrecarga de trabajo y afectar la calidad de la atención en hospitales y centros de salud.

Ante este panorama, las enfermeras no descartan iniciar asambleas informativas después de la Semana Santa para definir posibles acciones. No obstante, reiteraron que su intención no es perjudicar a la población, sino exigir el respeto a sus derechos laborales y una revisión transparente de los casos denunciados.