La renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebecca Raquel Obando, ha puesto en evidencia vacíos legales en los procedimientos de sucesión dentro del Poder Judicial.

El presidente del Congreso Nacional, Thomas Zambrano, reconoció la complejidad del caso y aseguró que los diputados nacionalistas están listos para participar en el proceso de retorno a las sesiones.

En ese sentido, Frank Alley, del Partido Nacional, declaró: “Hay un vacío en este procedimiento que hemos visto, de que no habíamos tenido. Que una magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia ha renunciado, lo cual deja un vacío en cuanto a quién inmediatamente de la renuncia ejerce.”

Ocupar esos espacios

Según los legisladores liberales, es necesario que en casos de renuncia de un titular de ese poder del Estado se contemple no solo la figura de la presidencia, sino también la magistratura, ya que de la forma actual el funcionario se libra de la responsabilidad de sus actos.

Por consiguiente, la congresista liberal, Luz Ernestina consideró: “Sí, es necesario revisar porque consideramos que se cometieron delitos que debieron ser castigados, pero son situaciones que se dan. Lo importante por ahora es evitar que continúen haciendo daño y que los sustituyan entiendan que no pueden hacerlo tampoco.”

Procedimientos irregulares

Por su parte, opositores aclararon que desde un inicio los procedimientos aplicados fueron irregulares. Señalan que, tras la renuncia voluntaria de Obando, el orden de precedencia dictaba otra decisión.

“Una vez que ella renuncia, en todo caso, si hubiese sido voluntario para empezar, hubiese tenido que ser el pleno de la Corte en el orden que corresponde. La presidencia le correspondía a Marlín Adonay Bon, pero se violenta el artículo cinco de la ley al interior del Poder Judicial,” explicó el parlamentario de Libertad y Refundación (Libre), Mario Portillo.

Cabe recordar, que las nuevas autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público en Honduras fueron nombradas tras una serie de cambios recientes: Wagner Vallecillo asumió como presidente de la Corte Suprema de Justicia y Pablo Emilio Reyes Theodore fue juramentado como nuevo fiscal general.

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