Arnold Burgos anuncia que al menos 7 funcionarios podrían enfrentar juicio político en Honduras

El diputado Arnold Burgos reveló que al menos siete funcionarios del gobierno podrían ser sometidos a juicio político por presuntas irregularidades durante los procesos electorales.

Burgos explicó que el primer caso es el del abogado Johel Zelaya, quien habría intentado obstaculizar el proceso electoral primario del 9 de marzo y las elecciones generales del 30 de noviembre, incluyendo acciones contra las consejeras Ana Paola Holl y Cossette López.

El legislador advirtió que el mensaje es claro: nadie está por encima de la ley y cualquier funcionario que cometa delitos será juzgado. La comisión que evaluará estos casos está integrada por nueve diputados, cinco del Partido Nacional y cuatro del Partido Liberal, y su dictamen será presentado en el Congreso Nacional.

#OnceNoticias🟡| Diputado Arnold Burgos revela que al menos 7 funcionarios podrían ser sometidos a juicio político, ¿de quiénes hablará?

EN VIVO: 📡🔴| https://t.co/hpr5n7zWNz pic.twitter.com/Q20ah33HzS

— Once Noticias (@11_Noticias) March 25, 2026

Tras el inédito juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya, el escenario institucional de Honduras entra en una nueva fase marcada por la posibilidad de extender este mecanismo a otros altos funcionarios.

En el centro del debate figuran Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE); Mario Morazán, registrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); y Rebeca Ráquel Ovando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La vicepresidenta del Legislativo, Tania Pinto, calificó como un hecho histórico el inicio de estos procesos en el Congreso Nacional, destacando que se trata de “una acción muy valiente” bajo la conducción del diputado Tomás Zambrano. Señaló que la Comisión Especial designada trabajará de manera imparcial y que se garantizarán los derechos procesales, la legítima defensa y el debido proceso para quienes enfrenten este mecanismo”.

Más funcionarios bajo la lupa

Los defensores de la ampliación sostienen que este precedente fortalece la institucionalidad al enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos.

Para ellos, la aplicación del juicio político no solo marca un cambio en la dinámica del Congreso, sino que también reafirma la necesidad de que los altos cargos rindan cuentas ante la ciudadanía.

“El presidente del Congreso también subrayó que “hubo problemas en las elecciones, hubo problemas. Entonces, quiere decir que hay funcionarios que no hicieron bien su trabajo. Cualquiera puede venir a poner una denuncia aquí”, opinó Erick Alvarado, diputado nacionalista.

Lea También: Libre enfrenta presión interna mientras crece debate por su futuro político

Plan de bipartidismo

Desde la oposición, diputados de Libertad y Refundación (Libre) como Sergio Castellanos advierten que “esto apenas empieza y es parte de un plan del bipartidismo para desaparecer la única fuerza opositora que de verdad existe en Honduras. ¿Para qué? Para volver a hacer otro fraude en el 2029 como lo hicieron el 30 de noviembre del año pasado”.

Por su parte, sectores liberales consideran que estos procesos “no deben satanizarse” y que “van a venir más”, reconociendo que el juicio político es un mecanismo legítimo para exigir responsabilidades.

Este sería el doceavo intento de juicio político en el Congreso Nacional desde 2014, recuerdan parlamentarios.

Lea También: Expertos coinciden en que Johel Zelaya ya está fuera del Ministerio Público y su destitución es irreversible