Honduras se encuentra en un momento decisivo en el que la aplicación de un juicio político podría marcar un precedente importante en la defensa de la institucionalidad y la democracia del país.

Esta figura legal, contemplada en la Constitución de la República, fue recomendada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación tras la crisis política de 2009, cuando el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales fue destituido tras intentar organizar una consulta popular no autorizada.

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Qué establece la ley

El artículo 234 de la Constitución señala que el juicio político procede contra funcionarios como el presidente de la República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), diputados del Congreso Nacional, integrantes del Parlamento Centroamericano, corporaciones municipales y cualquier servidor público electo por el Congreso.

Este procedimiento se activa cuando se presentan denuncias graves por actuaciones contrarias a la Constitución o al interés nacional, o por negligencia, incapacidad o incompetencia en el desempeño del cargo. Sin embargo, hasta la fecha, Honduras no ha aplicado formalmente un juicio político.

Para que la destitución de un alto funcionario sea válida, se requiere una mayoría calificada: 86 votos en el Congreso Nacional, mientras que para el presidente se necesita el respaldo de 96 legisladores, lo que garantiza que no se trate de un acto partidista sino de consenso democrático.

Debates sobre su uso y objetivos

El abogado y analista Lester Ramírez sostiene que el juicio político debe verse como un mecanismo estratégico para proteger la democracia, no solo como un medio de castigo. “Si solamente es para sancionar a los abusadores, se generará un debate interminable sobre cacería de brujas o revanchismo”, explicó.

Ramírez subraya que los legisladores deben aprovechar este instrumento para fortalecer instituciones clave como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y el Ministerio Público, donde algunos funcionarios han abusado de la ley y de la confianza otorgada por la Constitución y el Congreso.

Demandas de la sociedad civil

En los últimos meses, organizaciones como la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) han solicitado al Congreso aplicar el juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya, el miembro del CNE Marlon Ochoa, la presidenta de la CSJ Ráquel Obando y el integrante del TJE Mario Morazán.

Según estas organizaciones, estos funcionarios atentaron contra el proceso electoral primario y general de 2025, afectando la gobernabilidad del país.

Dina Meza, directora de Asopodehu, destacó que permitir que estos actos queden impunes podría generar que se repitan. Además, criticó que el Congreso parezca retrasar el proceso, lo que podría responder a acuerdos políticos que sobrepasan la institucionalidad y la Constitución.

Advertencias sobre el uso político

Aunque el juicio político es un mecanismo legal, expertos advierten que también tiene un componente político. Ramírez señaló que, de no manejarse con visión estratégica, podría convertirse en una herramienta de presión o negociación, en lugar de un instrumento para garantizar la democracia.

“Si se utiliza como moneda de cambio, se distorsiona el propósito del juicio político y no se logrará consolidar un sistema republicano más sólido”, afirmó Meza, quien reiteró que el objetivo principal debe ser el respeto a la institucionalidad y la creación de precedentes claros que eviten abusos futuros.

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