El titular de la Secretaría de Trabajo, Fernando Puerto, advirtió que las demandas laborales contra el Estado por despidos mal ejecutados podrían superar los L25,000 millones, comprometiendo seriamente las finanzas presentes y futuras del país.

Puerto explicó que muchas de estas demandas ya se han transformado en embargos a la caja única del Estado, con montos que rondan los L4,000 millones y que resultan difíciles de revertir. “Estamos hablando de sumas muy importantes, porque conocemos instituciones donde una sola demanda alcanza los L800 millones, y en otros incluso miles de millones”, señaló.

El funcionario subrayó que los pagos derivados de sentencias judiciales por despidos indebidos representan un riesgo patrimonial para Honduras, y recordó que entre 2019 y 2024 los tribunales ordenaron desembolsos superiores a L12,000 millones por este tipo de casos.

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Irregularidades en las contrataciones

Según Puerto, el problema está relacionado con prácticas históricas en las contrataciones de servidores públicos, muchas veces realizadas bajo criterios políticos y sin apego a la normativa laboral.

Por ello, insistió en que se deben buscar mecanismos de resolución alterna de conflictos laborales y deducir responsabilidades en los casos donde se pierden demandas por errores administrativos.

El funcionario concluyó que los despidos deben ejecutarse conforme a la ley y en el momento que corresponde, para evitar que el Estado continúe acumulando compromisos millonarios que afectan directamente al presupuesto nacional y a la estabilidad financiera del país.

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