La supuesta condena de ocho años de prisión contra el hondureño Santiago Zúniga Cruz, conocido como el “apóstol Chago”, se viralizó en redes sociales en las últimas horas. Sin embargo, medios salvadoreños han aclarado que el proceso judicial todavía no concluye y no existe sentencia definitiva contra el ciudadano hondureño.

Proceso judicial en desarrollo

Según reportes de Galaxia TV, el caso continúa activo en tribunales de El Salvador. Las autoridades decretaron reserva total del expediente, limitando la divulgación de información sobre las audiencias y el desarrollo del juicio. Esta medida busca proteger la identidad del menor presuntamente afectado, cumpliendo con las normas de protección de la niñez.

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El Juzgado de Paz de Pasaquina ordenó detención provisional para Zúñiga Cruz mientras se mantiene el proceso penal, que se encuentra en etapa de investigación y audiencias.

Cargos por tráfico ilegal de personas

El hondureño de 59 años enfrenta cargos por tráfico ilegal de personas, acusación que también involucra a Lidia Saharay Maldonado Matute, de 37 años. De acuerdo con la Fiscalía salvadoreña, ambos habrían cometido el delito en perjuicio de un adolescente identificado únicamente con las iniciales Y. J. G. C.

Durante un operativo de inspección en la estación fronteriza de El Amatillo, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a los imputados el pasado 4 de febrero. Las autoridades encontraron al menor de edad dentro de la cajuela del vehículo que conducían, sin autorización legal de sus padres para salir de Honduras, lo que dio origen a la judicialización del caso.

Prisión preventiva y próxima audiencia

Mientras se desarrolla el proceso, Zúniga Cruz permanece bajo prisión preventiva en El Salvador. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado ninguna condena ni fecha para la sentencia. Los tribunales mantienen la reserva total, y cualquier información adicional dependerá de la evolución de las audiencias y de la fiscalía.

La confusión en redes sociales sobre la supuesta condena resalta la importancia de verificar información oficial antes de difundir noticias judiciales, especialmente en casos que involucran menores y procesos legales en curso.

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