El analista político César Ramos consideró que el primer mes de gestión del presidente Nasry Asfura debe servir para sentar las bases de una política firme de lucha contra la corrupción y la impunidad, así como para fortalecer los mecanismos de control del gasto público y la rendición de cuentas.

Ramos manifestó que uno de los principales retos del actual gobierno es recuperar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado, tomando en cuenta que en los últimos años —según su análisis— se ha registrado un déficit en la fiscalización de los recursos públicos, situación que ha incidido en la credibilidad de la administración estatal y en la percepción social sobre la transparencia.

Seguridad, estabilidad económica e impulso a la inversión

El especialista también señaló que los niveles de corrupción y la inseguridad generan efectos negativos en el desarrollo del país, ya que producen incertidumbre social y limitan el crecimiento de la inversión tanto extranjera como nacional.

En ese sentido, subrayó la importancia de fortalecer las estrategias de seguridad ciudadana, mejorar las condiciones de estabilidad social y desarticular estructuras delictivas que afectan el entorno económico y la convivencia social.

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— Once Noticias (@11_Noticias) February 27, 2026

Atención a sectores sociales y advertencia sobre decretos de emergencia

Ramos enfatizó que el gobierno debe priorizar políticas en áreas estratégicas como educación, salud, acceso a vivienda y apoyo al sector agrícola, sectores que —según indicó— han enfrentado históricamente limitaciones estructurales.

De igual forma, expresó preocupación por el uso de decretos de emergencia en la gestión pública, ya que, desde su perspectiva, estos mecanismos podrían reducir los niveles de control institucional y facilitar riesgos en los procesos de fiscalización del Estado. En ese sentido, instó a las autoridades a garantizar que las medidas urgentes mantengan estándares adecuados de transparencia y supervisión administrativa.

Finalmente, el analista recomendó que la administración pública defina planes estratégicos con metas medibles para atender las principales demandas de la población y promover un modelo de desarrollo sostenible para el país.

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