En la sesión de este martes por la noche, el Congreso Nacional abordó temas de alta relevancia. En primera instancia, la diputada del Partido Nacional Lissi Cano presentó una iniciativa de ley para dejar sin valor y efecto el Decreto 4-2022, conocido como la amnistía política o “pacto de impunidad”, aprobado en la legislatura anterior.

La propuesta busca revocar las cartas de libertad otorgadas a personas acusadas de corrupción y delitos contra la administración pública, que según sectores críticos no estaban vinculados a persecución política.

La iniciativa generó debate entre las bancadas, pues algunos parlamentarios recordaron que la normativa vigente prohíbe la retroactividad de la ley cuando esta perjudica a quienes ya fueron beneficiados. Sin embargo, Cano y otros diputados insistieron en que la derogación es necesaria para garantizar justicia y credibilidad institucional.

Atribuciones para que consejeros pidan licencia

En paralelo, se aprobó un decreto impulsado por el jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, que reforma tres artículos relacionados con las atribuciones de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE). La medida permite que los consejeros soliciten licencias temporales para desempeñarse en otros cargos, estudios o actividades fuera del país, y luego reincorporarse sin perder su periodo en el órgano electoral.

La reforma también define quién sustituirá a un consejero durante su ausencia: un interino nombrado por el Congreso Nacional. No obstante, diputados de Libre se opusieron, argumentando que el decreto busca beneficiar directamente a dos consejeras, entre ellas Ana Paola Hall, lo que calificaron como un “premio de consolación”.

El debate reflejó la tensión entre las bancadas sobre la transparencia y el alcance de las reformas. Mientras unos defienden que se trata de llenar vacíos legales, otros señalan que las leyes deben ser de carácter general y no diseñadas para casos específicos.

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